El Congreso de Colombia aprobó ayer un proyecto de ley que incluye rebajas de las penas de cárcel para aquellos miembros de organizaciones criminales que confiesen delitos, se sometan a la Justicia, reparen a sus víctimas, entreguen bienes o revelen rutas de narcotráfico.
El Congreso de Colombia aprobó ayer un proyecto de ley que incluye rebajas de las penas de cárcel para aquellos miembros de organizaciones criminales que confiesen delitos, se sometan a la Justicia, reparen a sus víctimas, entreguen bienes o revelen rutas de narcotráfico.
Un proyecto que está encaminado a posibilitar la rendición de todas las organizaciones dedicadas al narcotráfico en el país, pero que puede desatar rencillas y dificultar la transición de poder entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y el del presidente electo Iván Duque, que tomará posesión el próximo 7 de agosto.
De hecho, tras la aprobación en la Cámara baja de la ley que reglamenta la conocida como Justicia Especial para la Paz (JEP); el presidente Santos ha convocado al Senado a sesiones extra para discutir sobre el proyecto.
Y es que, de no haber sido convocadas las sesiones extraordinarias, el Congreso entraría en receso lo que signficiaría que no sería debatida esta reglamentación hasta el incio del Gobierno de Duque. Una señal, por tanto, de que lo que se busca con esta medida es evitar que éste eche hacia atrás lo avanzado hasta ahora.
No en vano, el Centro Democrático de Duque ha venido anunciando desde el inicio de la campaña presidencial que, para ellos, acuerdos de paz como el alcanzado con las FARC no garantizan la Justicia ya que no contemplan sanciones «efectivas ni proporcionales al daño causado por quienes cometieron crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad».
Para abordar este y otros asuntos, hoy mismo se celebra la primera reunión entre el Gobierno de Santos y el equipo de Duque. Y, precisamente, se espera que la paz y la economía sean los dos temas en que se centre esa primera reunión de la transición personal.
Sobre la paz, el objetivo de la saliente administración es darle continuidad al proceso y tratar de definir una hoja de ruta para que estos trámites relacionados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) avancen en el Congreso; mientras que respecto a la economía, los delegados del gobierno de Santos resaltarán el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
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