Las principales agencias calificadoras han lanzado una advertencia a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, para que ponga fin a la crisis institucional que se ha desatado en el país por el uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública pendiente. Fitch y Moody’s han coincidieron en que el enfrentamiento político genera una inestabilidad que si se prolonga, podría afectar a su calificación de riesgo, que ya es una de las más bajas de los países que son valorados. Las principales agencias calificadoras han lanzado una advertencia a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, para que ponga fin a la crisis institucional que se ha desatado en el país por el uso de las reservas del Banco Central para pagar la deuda pública pendiente. Fitch y Moody’s han coincidieron en que el enfrentamiento político genera una inestabilidad que si se prolonga, podría afectar a su calificación de riesgo, que ya es una de las más bajas de los países que son valorados.
La agencia calificadora Fitch ha asegurado en un comunicado que el conflicto entre el Gobierno argentino y el presidente del Banco Central, Martín Redrado, ha generado una incertidumbre que, si se prolonga, podría ahondar en un futuro la credibilidad soberana, fiscal e institucional.
El responsable de esta agencia para asuntos de deuda soberana, Casey Reckman, ha afirmado que la continuada erosión de la credibilidad macropolítica y la intensificación de las tensiones políticas podrían acarrear implicaciones negativas para la calificación de los bonos argentinos.
El analista de Moody’s Gabriel Torres, ha coincido en estas opiniones y ha asegurado que la crisis institucional en Argentina ha causado un estancamiento legal que es un indicador más de la debilidad del marco legal argentino y añade expectativas de que la confusión política continuará.
El Gobierno argentino impulsó a través de un decreto la creación del denominado «Fondo del Bicentenario», que habilita el uso de 6.569 millones de dólares (4.529 millones de euros) de las reservas monetarias del Banco Central para el pago de deudas soberanas de este año.
Sin embargo, la jueza María José Sarmiento ha suspendido el decreto que creaba ese fondo, así como el que cesaba de su cargo a Redrado, quien había sido destituido por negarse a usar las reservas para pagar deudas.
Este conflicto estalló en momentos en que Argentina se prepara para ofrecer una refinanciación de bonos en demora por 20.000 millones de dólares (13.788 millones de euros) en manos de acreedores que rechazaron la reestructuración de 2005, cuando el país salió del cese de pagos de 2001, el mayor de la historia financiera.
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