La propuesta de una segunda reforma laboral conlleva el despojo a los trabajadores de derechos adquiridos, lo que implica su destrucción como clase, a juicio de la oposición puertorriqueña.
La propuesta de una segunda reforma laboral conlleva el despojo a los trabajadores de derechos adquiridos, lo que implica su destrucción como clase, a juicio de la oposición puertorriqueña.
El presidente de Servidores Públicos Populares (SPP), Juan Vega, catalogó de una ‘desgracia’ la anunciada reforma laboral impulsada por el gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, al que acusó de destruir y traicionar a la clase trabajadora.
«Ha echado por la borda derechos adquiridos por los empleados del servicio público y del sector privado, como por ejemplo la Ley 80 (que impide los despidos injustificados)«, expresó.
Rosselló Nevares anunció un paquete de medidas que conlleva la eliminación del bono de Navidad, que tiene un máximo de 600 dólares, y la Ley 80, que promueve la indemnización tras un despido injustificado.
La propuesta del mandatario reduce las licencias de vacaciones y enfermedad de 15 a siete días en cada caso, colocando a Puerto Rico entre las naciones con una baja cantidad de beneficios a su fuerza laboral.
«No cabe duda que ahora nuestra isla es una de las pocas jurisdicciones del mundo con leyes retrógradas del trabajo», puntualizó.
«Hoy vemos el engaño de las promesas de campaña de Rosselló Nevares y el Partido Nuevo Progresista (PNP), que nuevamente traicionan a cada trabajador puertorriqueño, al estudiantado universitario y a las madres solteras, la cuales procuran sacar adelante a sus hijos con esfuerzo y extensas horas de trabajo», indicó Vega.
El presidente de Servidores Públicos Populares agregó que la propuesta del gobierno equivale a un ‘traspié’ para la economía de Puerto Rico. Criticó, además, lo que llamó la ‘doble moral’ con los contratos que tienen algunos funcionarios, como por ejemplo, el ministro de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, de 248.000 dólares; el director del DMO para promover la marca Puerto Rico, Brad Dean (250.000); la ministra de Educación, Julia Keleher (250.000), y el nuevo director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Walter M. Higgins III, 450.000 dólares.
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