El Gobierno de Cristina Fernández no pagará los warrants vinculados al crecimiento económico del país este año. El Gobierno de Cristina Fernández no pagará los warrants vinculados al crecimiento económico del país este año. Así lo confirmó ayer el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en el Congreso, tal y como recoge el diario Cronista en su web.
Capitanich defendió los cálculos del Gobierno de Cristina Fernández utilizados para determinar que el crecimiento económico del año pasado fue inferior al necesario para exigir el pago. El ministro de Economía, Axel Kicillof anunció el pasado 27 de marzo que el PIB creció un 3% en 2013 después de que el Ejecutivo cambiara la metodología de cálculo. Este incremento fue aproximadamente la mitad del previsto anteriormente y se situó por debajo del umbral del 3,22% necesario para desencadenar el pago de 3.000 millones de dólares. Este hecho ha sorprendido a los tenedores de bonos que tienen parte de estos títulos que la Administración Fernández entregó en canje de los bonos en default en 2005 y 2010.
Varios bancos de inversión amenazaron en los últimos días a la Casa Rosada con nuevas demandas si finalmente no procedía al pago del cupón BPI.
El Gobierno de Argentina, que el año pasado se convirtió en el primero del mundo en ser censurado por el FMI por sus incorrectas estadísticas, ha tratado desde octubre de mejorar las relaciones con acreedores e inversores internacionales para obtener financiación a medida que disminuyen las reservas. El mes pasado publicó un nuevo índice de inflación para responder a las preocupaciones del FMI y presentó una nueva serie del PIB -utilizando como año base 2004 en lugar de 1993- con lo que las cifras de crecimiento se ajustaron con las estimaciones de los analistas, que habían cuestionado los datos macro argentinos desde 2007, cuando el expresidente Néstor Kirchner cambió los altos funcionarios de la agencia nacional de estadísticas.
En un intento por recuperar el acceso a los mercados de deuda extranjeros, Argentina acordó el pasado 18 de octubre pagar a cinco empresas 677 millones de dólares para que retiraran las demandas contra el país ante un panel de resolución de controversias del Banco Mundial.
También está en proceso llegar a un acuerdo de 5.000 millones de dólares con Repsol por la expropiación en 2012 de YPF.
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