En una imagen invertida a la de hace una semana, son ahora los representantes del oficialismo los que acusando a la oposición de golpismo. Nuevo giro de los acontecimientos en Venezuela, después de que la semana pasada fuese su Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el que anuló los poderes de la Asamblea Nacional (AN). Una medida en la que el poder judicial daría marcha atrás el sábado, después de que el propio presidente Nicolás Maduro manifestase su desacuerdo con la misma.
Sin embargo, es ahora el propio poder legislativo el que promueve un proceso para destituir a los magistrados del TSJ. Un movimiento que devuelve una imagen invertida a la de hace unos días con los representantes del oficialismo acusando, en esta ocasión, a la oposición de golpismo.
Una lucha entre los poderes del Estado que amenaza con polarizar aún más al país sudamericano en una situación de tensión ya difícilmente sostenible. De hecho, es probable que dicho empeoramiento de la confrontación sea el único resultado real de esta última maniobra.
Así, los representantes del Poder Judicial han enviado un comunicado a la prensa en el que señalan que el artículo 265 de la Constitución venezolana demanda «la concurrencia de dos de las ramas del Poder Público para proceder a la remoción de los Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, previo procedimiento de calificación de falta grave por parte del Poder Ciudadano».
Por ello, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno, ha indicado que, para que dicho procedimiento pudiese ser exitoso, requeriría la intervención del Poder Ciudadano expresado a través de figuras como el fiscal general Luisa Ortega Díaz, el defensor Tarek William Saab o el contralor Manuel Galindo.
Además, según Moreno, sería necesario un voto favorable en la Asamblea Nacional con mayoría calificada de las dos terceras partes de los integrantes del Parlamento. Un número de diputados con los que, en estos momentos, no cuenta la oposición.
