La ofensiva política contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, es blanco de nuevas acciones judiciales que procuran llevarla a juicio y ulteriormente -como persiguen sus detractores- a la cárcel. La ofensiva política contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, es blanco hoy de nuevas acciones judiciales que procuran llevarla a juicio y ulteriormente -como persiguen sus detractores- a la cárcel.
Por requerimiento del juez Julián Ercolini, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá entregar a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques todas las declaraciones juradas impositivas de la expresidenta.
Además, deberá acompañar esa información con la documentación que la respalda de un total de 40 personas físicas y de varias sociedades en el marco de la causa Hotesur.
La orden del magistrado avanza sobre la nueva denuncia por supuesta asociación ilícita que presentó a última hora del pasado viernes la diputada Margarita Stolbizer que amplía una imputación anterior sobre irregularidades administrativas en las causas Hotesur y Los Sauces.
Esas causas están a cargo de los jueces Ercolini y Claudio Bonadio, respectivamente.
Los abogados de la expresidenta consideraron la medida como «una jugada mediática» del juez, porque una orden similar aplicó ya Bonadio en 2014 sin ningún resultado judicial.
Stolbizer, cabeza del minoritario partido Generación para un Encuentro Nacional, insiste en que se investiguen presuntos pagos millonarios por parte de empresarios como Lázaro Báez o Cristóbal López a la familia Kirchner, a cambio de la adjudicación de obras estatales o la evasión de impuestos.
Actuando en consonancia, Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal sobre la exmandataria y sobre sus hijos Máximo -actualmente diputado nacional- y Florencia Kirchner, en el marco de la causa que investiga a la empresa Hotesur.
El requerimiento dictado instruye a la AFIP que en un plazo de cinco días deberá remitir a la fiscalía decenas de reportes de un total de 40 personas físicas y de varias sociedades para que los fiscales analicen sus vínculos.
El levantamiento del secreto fiscal en el período 2008-2015 alcanza, además de a Cristina Fernández y sus hijos, a accionistas y directivos de la firma familiar que administra hoteles en El Calafate, así como también a Romina Mercado, sobrina de la exdignataria y presidenta de Hotesur.
Los representantes legales de la expresidenta relativizaron la importancia de la medida dictada, al recordar que el juez Bonadio ya solicitó idéntico pedido a la AFIP, sin que el levantamiento del secreto haya implicado el descubrimiento de nada sustancial.
