Una de las principales promesas del presidente venezolano, de cara a lograr apoyos para las elecciones presidenciales que deben celebrarse en 2012, es la de reducir el déficit de viviendas que vive el país. Con esos dos objetivos, Chávez parece dispuesto a hacer cualquier cosa. Su vicepresidente, Elías Jaua, ha dado buena muestra de ello. Algo más de 200 terrenos situados en la capital, Caracas, son estudiados para expropiarlos. Una de las principales promesas del presidente venezolano, de cara a lograr apoyos para las elecciones presidenciales que deben celebrarse en 2012, es la de reducir el déficit de viviendas que vive el país. Con esos dos objetivos, Chávez parece dispuesto a hacer cualquier cosa. Su vicepresidente, Elías Jaua, ha dado buena muestra de ello. Algo más de 200 terrenos situados en la capital, Caracas, son estudiados para expropiarlos.
Jaua anunció ayer que los Movimientos de Pobladores continúan identificando terrenos, edificios y galpones abandonados, que reportan al Gobierno para su estudio. Una vez determinado si son o no aptos para la construcción, el Estado venezolano los expropia para la construcción de viviendas. Según el vicepresidente, 200 terrenos de la capital están en el proceso de estudio, por lo que podrían ser retirados a sus dueños en poco tiempo.
El funcionario realizó el anuncio durante una reunión con estas agrupaciones, en las que explicó parte del contenido de la Ley contra desalojo y desocupación arbitraria de viviendas. Jaua anunció a su vez que el presidente Chávez ha autorizado negociaciones con propietarios de 100 edificios cuyos apartamentos están alquilados, ya que los habitantes desean comprarlos.
Según publica el diario El nacional, Jaua habría asegurado que «se ha desarrollado toda una estructura del capitalismo monopólico, de compra de edificios residenciales para alquilar». A su vez condenó que «muchos de los dueños ni siquiera viven en el país» y «se aprovechan de las flexibilidades que daba la legislación vigente» para desarrollar estos negocios.
Recalcó que «nadie puede desalojar por vía de hecho a sus individuos», y también enfatizó que «los inquilinos no pueden desarrollar matrices de opinión de que esta ley les da propiedad de los apartamentos» donde residen. Igualmente, hizo mención a la Ley de Trabajadores y Trabajadoras Residenciales, en la que se establece una jornada de ocho horas de trabajo con restricciones en cuanto a la atribución de funciones.
