«La obra viola convenios internacionales, la Constitución boliviana y la Ley 180 que en su artículo tercero prohíbe la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Los derechos indígenas de los pobladores de la reserva ecológica Tipnis, en el centro de Bolivia, están siendo violados con la construcción de una carretera y tres puentes, alertó hoy el investigador Pablo Villegas del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).
«La obra viola convenios internacionales, la Constitución boliviana y la Ley 180 que en su artículo tercero prohíbe la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, y cualquier otra que ingrese al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)», declaró al diario «Los Tiempos» de la ciudad de Cochabamba.
El presidente Evo Morales entregó en días pasados el asfaltado de un tramo de 47 kilómetros que une Villa Tunari con Isinuta, restando construir tres puentes para ingresar a la reserva ecológica.
El primer puente será de 250 metros de longitud sobre el río Isiboro, a unos 20 minutos de Isinuta, mientra que el segundo tendrá 120 metros y será construido sobre el río Ibuelo o Ibuelito, a unos 40 minutos de Isinuta. En tanto, el tercer puente de 150 metros, se constuirá sobre el río Sazama, a 30 kilómetros de Isinuta, que está en plena región productora de coca del trópico del departamento de Cochabamba.
La reserva ecológica del Tipnis, de 1,2 millones de hectáreas de riquísima biodiversidad, alberga a unos 12.000 indígenas chimanes, mosetenes, moxeños, yuracarés y otros y fue considerada por el botánico francés Alcides d’Orbigny como «la selva más hermosa del mundo».
Los indígenas del Tipnis se opusieron en 2011 a que la empresa brasileña OAS construyera la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, de 306 kilómetros, por un costo de 477 millones de dólares. De dicha suma, 332 millones correspondían a un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y 145 millones del Tesoro General de la Nación (TGN) de Bolivia.
Los excesos cometidos el 25 de septiembre de 2011 por unos 450 policías contra un millar de indígenas que descansaban en una propiedad privada cercana a Yucumo, 327 kilómetros al noreste de La Paz, provocaron repulsa en Bolivia y la dimisión de cuatro autoridades, como la ministra de Defensa Cecilia Chacón y el ministro de Gobierno (Interior) Sacha Llorenti, respectivamente, además de otras tres autoridades.
Tras la represión a los indígenas, Evo Morales se había comprometido a no construir esa carretera. Pero meses después mediante una polémica consulta previa logró la aprobación de varias comunidades indígenas del Tipnis.
El Consejo Indígena del Sur (Conisur), que alberga a 11 comunidades respaldan la obra, mientras que existe resistencia de los pobladores de las subcentrales Tipnis y Sécure.
También el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) alertó que un 27,5 por ciento del Tipnis, equivalente a 358.000 hectáreas, fue declarado por el Gobierno boliviano como área de aprovechamiento de hidrocarburos.
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