Congreso de los Diputados de México
«Última hora: 302 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones. Avala el Pleno, en lo general, el dictamen que expide la Ley de la Fiscalía General de la República de México», que abroga la Ley Orgánica anterior «y modifica diversos ordenamientos legales», informó la cámara baja en su cuenta de Twitter.
El dictamen ya había recibido media sanción del Senado, desde el 17 de marzo pasado, por lo tanto pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación.
El objetivo de la nueva ley es crear un ordenamiento jurídico que establece la integración, estructura, funcionamiento y atribuciones de la Fiscalía General, en particular las relacionadas con temas de la protección de derechos humanos.
También define la organización, «responsabilidades y función ética jurídica del Ministerio Público» federal, organizado en una Fiscalía General «como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propio».
La diputada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Lorena Villavicencio, señaló que la Fiscalía no ha entendido que investigar y buscar víctimas es parte del mismo proceso, en un país con más de 90.000 personas desaparecidas, cuyas familias son «revictimizadas por las instituciones».
El diputado Rubén García, que también integra el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, expresó su descuerdo y fue una de las abstenciones en la votación del dictamen.
Expertos y víctimas consideran que la nueva legislación es un retroceso para la defensa de los derechos humanos.
Sin embargo, la nueva ley establece que la Fiscalía no será únicamente «invitada» en esos procesos, sino parte integrante «permanente» de los mecanismos en materia de derechos humanos, búsqueda de desaparecidos, y trata de personas.
Estos cambios permitieron que el texto fuera apoyado por algunos diputados opositores.
Después de la votación, los diputados comenzaron la discusión del tema más espinoso y divisivo de la jornada, que es una reforma del Poder Judicial que contempla una agenda para prolongar dos años el mandato de actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, hasta 2024.
La Constitución establece que el periodo del presidente del máximo tribunal es de en cuatro años, sin reelección.
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