El Senado recibió el dictamen que debatirá el pleno para conservar y proteger la diversidad de las 59 variedades de maíces nativos y sus parientes silvestres criollas, el acervo genético y la seguridad alimentaria mexicana y mundial.
La protección del maíz entrará a la carta magna como símbolo de la identidad del país norteamericano y base de la existencia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Con los cambios al artículo 4 de la Constitución, aprobados en lo particular por los diputados con 382 votos a favor, 88 en contra y cero abstenciones, el Estado quedará obligado a promover las condiciones para el desarrollo rural, cultural, económico y de salud.
El propósito de esa obligación es «generar cultivos tradicionales con semillas nativas, en especial el sistema milpa, para el óptimo uso de la tierra libre de cultivos de maíz genéticamente modificado», dice el texto de la iniciativa presidencial.
La reforma abre la puerta a la investigación, innovación, conservación de la agrobiodiversidad y asistencia técnica, fortaleciendo las instituciones públicas de agricultura encargadas.
Establece además que todo otro uso del maíz genéticamente modificado debe ser evaluado en los términos de las disposiciones legales para quedar libre de amenazas a la bioseguridad, la salud y el patrimonio biocultural de México y su población.
DEBATE SOBRE GRANO EMBLEMÁTICO
La historia del maíz como planta fundacional se remonta a las culturas prehispánicas que dejaron plasmado su culto ancestral en murales, estelas y pirámides de culturas originarias, desde los mayas del sureste hasta las culturas antiguas del altiplano central.
Ante las preocupaciones sobre la iniciativa, el Gobierno celebró reuniones con organizaciones de la sociedad, y el 18 de febrero la presidenta Claudia Sheinbaum presentó modificaciones a su iniciativa original.
El nuevo artículo 27 establece la obligación del Estado de «garantizar el cultivo de maíz libre de transgénicos en el territorio nacional».
«Desde que se presentó la iniciativa, hubo bastantes elementos que en el discurso resultaban buenos, sobre todo la protección de la seguridad alimentaria, la diversidad de varias especies de maíz y México como centro de origen del maíces», dijo a la Agencia Sputnik el campañista Carlos Samayoa, de la organización ecologista Greenpeace (designada indeseable por Rusia).
El ambientalista explica que el proceso de aprobación de la reforma ha sido un camino de «altos y bajos en el sentido de definir qué es lo que se está protegiendo en realidad».
Señala asimismo que el transgénico es sólo una posibilidad de los organismos genéticamente modificados, que es una categoría más amplia: «lo saben las corporaciones que hacen negocios con la agroindustria».
Explica que la nueva formulación del decreto plantea proteger el maíz de los transgénicos, pero «México importa una cantidad muy alta de maíz genéticamente modificado de EEUU para uso industrial, no para consumo humano, sino alimentación de ganado».
El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas estima que el país latinoamericano compra a EEUU unas 18 millones de toneladas de maíz transgénico anuales, valuadas en cerca de 6.000 millones de dólares, utilizadas en su mayoría como forraje en granjas porcinas y bovinas.
«La reforma busca proteger al maíz de los transgénicos, sin embargo organizaciones especialistas que han trabajado desde hace décadas en la protección al maíz nativo alertaron que no es suficiente», dice el ecologista.
Samayoa explica que hay una gama de organismos genéticamente modificados que representan un amplio riesgo para la biodiversidad.
Por ejemplo, menciona el avance de la biotecnología que ha permitido modificaciones genéticas de las semillas en las últimas décadas , por ejemplo, la Crispr-Cas, una técnica para modificar el código genético del ADN de una célula, que contiene la información transmitida de generación en generación.
El Crispr-Cas no se considera transgénico, pero es una técnica para crear un organismo genéticamente modificado, en la que puede caer la experimentación del maíz, advierte.
Investigadores de la agroindustria han estado desarrollando otras tecnologías, y la prohibición de transgénicos no las cubriría a todas.
Diputados de oposición señalan que México es el principal importador de maíz en el mundo, con alrededor de 20 millones de toneladas anuales.
Cada año, las importaciones del grano crecen entre 10 a 20 por ciento, y desde hace más de 28 años compra a EEUU maíz transgénico, sin evidencia científica de que genere algún daño a humanos o animales.
En efecto, el 20 de diciembre pasado, un panel de solución de controversias del tratado de libre comercio de Norteamérica (T-MEC) dictaminó en contra de un decreto presidencial mexicano promulgado el 13 de febrero de 2023.
El panel determinó que las disposiciones del decreto «no pueden aplicarse al no estar basadas en una evaluación de riesgo adecuada, evidencia científica y en normas internacionales relevantes».
SIN MAÍZ NO HAY PAÍS
Desde hace varios años, Greenpeace colabora como aliado de la campaña «Sin maíz no hay país», con científicos que han emitido alertas desde esa plataforma.
Samayoa celebra que los comentarios sí son tomados en cuenta por el Gobierno, con alertas sobre la amplitud de los organismos genéticamente modificados en la protección del maíz, el medio ambiente y la salud.
Agrega que hay diferentes técnicas de mejoramiento genético, más allá de los transgénicos, que son nuevas tecnologías para diversificar las especies que responden a los intereses de la agroindustria.
«Hay una dicotomía que separa dos visiones sobre el cultivo de alimentos: por un lado la agroindustria, y por otro el enfoque agroecológico», explica.
La agroindustria busca dominar mercados globales con la producción intensiva y comercio de semillas genéticamente modificadas.
El riesgo de la producción agroindustrial es «la pérdida de la soberanía alimentaria, la caída en la actividad en el campo, en el riesgo de un futuro que no esté basado en el respeto de la naturaleza, del país como centro de diversidad y origen del maíz».
El ecologista advierte que las técnicas de agroecología están en contra de la visión de la industria agrícola, «que encabezan el binomio de firmas emblemáticas globales para aumentar los cultivos: Bayer-Monanto y Syngenta».
EL FUTURO
Tras la reforma, las organizaciones ciudadanas consideran pendiente cuidar los detalles del dictamen legislativo aprobado, para lograr la subsistencia de técnicas que permitan mantener la soberanía alimentaria agroecológica.
Plantean que esos esfuerzos de la vigilancia ciudadana y ambientalista deben ser apoyados por el Gobierno.
«Tenemos la capacidad de vigilancia suficiente para no sembrar organismos genéticamente modificados, no solo los transgénicos que alteren las variedades de maíz, con fortaleza institucional para consolidar la ley», indica Samayoa.
Sostiene que el futuro dependerá del desarrollo de la visión agroecológica para no depender de las grandes industrias como fuente de alimentación del país.
La reforma establece que las autoridades deben priorizar la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria, su manejo agroecológico, la investigación científica-humanística, la innovación y los conocimientos tradicionales.
México es centro de origen, domesticación y diversificación del maíz, con el acervo genético más grande del mundo que representa el 15 por ciento de los maíces nativos del planeta.
La plataforma Sin Maíz No hay País publicó una carta abierta a la presidenta Sheibaum, en la que recibe «con beneplácito» la nueva propuesta de reforma, modificada con aportes de la sociedad civil el 18 de febrero, que avanza en el Congreso.
El centro de la preocupación de ese colectivo es que «la biodiversidad de los maíces nativos mexicanos quedaba expuesta a la posibilidad de contaminación debida a maíces, no sólo transgénicos, sino producto de otras tecnologías de modificación genética».
Con esta reforma, el cultivo de maíz en territorio mexicano deberá ser libre de modificaciones genéticas producidas con técnicas que superen las barreras naturales de la reproducción o la recombinación, como las transgénicas, que representan «amenazas para la bioseguridad y la soberanía alimentaria».
