Ruth Alipaz, de 53 años, originaria de San José de Uchupiamona, en la provincia Iturralde de La Paz (este), expresó su temor al acecho de los mineros que buscan avasallar su territorio, dentro de la reserva Madidi, catalogada como la de mayor diversidad biológica en el mundo.
«Toda la devastación y destrucción (por la minería) que vimos en los municipios de Mapiri y en Apolo en 2021, eso está pasando dentro del Madidi y está ocurriendo dentro de las áreas de máxima protección. Esas áreas colindan con nuestro territorio. Un temor que tenemos los indígenas Uchupiamonas es que la minería lo destruirá, desapareceremos si llega la invasión de la minería», relató.
La minería aluvial es realizada por cooperativas mineras (asociaciones autónomas sin fines de lucro) que lograron concesiones del Gobierno boliviano para explotar oro en los municipios de Teoponte, Guanay, Tipuani, Mapiri, Apolo y San Buenaventura, en el norte del departamento de La Paz, y en Rurrenabaque, en el departamento de Beni (norte).
Puntualmente, operan en una maraña de ríos formados por el Tuichi, Kaka, Quiquibey, entre otros, que bordean e ingresan al Parque Madidi (1,8 millones de hectáreas), para luego desembocar en la cuenca del río Beni, en la Amazonia boliviana.
La «fiebre del oro» atrajo hasta estos parajes a buscadores del mineral, que operan con dragas, planchones, embarcaciones de diferentes tamaños sobre el agua; además, orugas, volquetas y retroexcavadoras en tierra firme para acelerar la expoliación.
El pueblo Uchupiamona está asentado a casi 5 kilómetros del río Tuichi, y las concesiones mineras son de aproximadamente de 25 hectáreas cada una, por lo que la líder indígena boliviana teme que incluso su territorio esté dentro de las concesiones.
«En mayo de 2021, nos enteramos que el 100 por ciento del río Tuichi ya estaba concesionado para la minería. Nosotros venimos denunciando la amenaza desde hace años, con la pandemia y los altos precios de minerales, el avance de las mineras fue mucho más rápido», dijo Alipaz.
Consultado sobre si el Gobierno y la autoridad minera no anularon concesiones ante las reiteradas denuncias, respondió: «Anunciaron que anularon dos concesiones, pero eso es como poner una venda a una operación de corazón abierto. Realiza mínimas acciones frente a un gran problema que amenaza a los pueblos indígenas», lamentó.
«Si mi pueblo es invadido, no tendré a donde ir», expresó con profunda preocupación.
En la actualidad ya existe desplazamiento interno en las comunidades de Chuswara y Unión Pauje, en la provincia Franz Tamayo, en el norte de La Paz, de poblaciones campesinas, por la violencia y cierre de caminos que impiden el normal tránsito, según afirmó la presidenta de la Comisión de Tierra y Territorio de la Cámara de Senadores, Cecilia Requena, en contacto con la Agencia Sputnik, tras dos inspecciones a la zona en abril y mayo.
«En el caso del Madidi, si siguen contaminando y avasallando, por supuesto que al afectar el territorio y contaminar el agua con mercurio, muchos uchupiamonas, tacanas, mojeños pueden tener que migrar… Obviamente van a terminar provocando un etnocidio», alertó.
Otro problema que identificó es la división de los indígenas, porque la minería sedujo a algunos líderes que terminan trabajando en ese rubro, ignorando las consecuencias para su hábitat.
TIERRA SIN LEY
La legisladora boliviana confirmó que la minería legal e ilegal ya está en el Parque Nacional Madidi y el daño que está causando es múltiple, tanto en poblaciones indígenas, contaminación del agua, flora y fauna.
«Abundante, descarada, creciente, impune y sin ninguna autoridad que pueda ponerle fin. Incluso los guardaparques no tienen un respaldo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap). Se hacen procesos administrativos a mineras que quedan en multas ridículas. No hay presencia del Estado en la región», ratificó.
En su criterio, los mineros cooperativistas tienen un amplio poder e influencia en el Gobierno del presidente Luis Arce, a quien respaldan políticamente, e imponen su ley a costa de su poder económico.
Bolivia logró récord en exportaciones de oro en 2021, con 47 toneladas por un valor de 2.530 millones de dólares, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esto sin contar con datos de las exportaciones de oro ilegales a países vecinos como Perú.
«La mayor parte de esa minería es ilegal y contamina. Lo vi con mis propios ojos, estuve en dos inspecciones en las que corrí riesgos, en un caso casi nos secuestran el bote y en otro nos amenazaron. La gente de la zona que trata de oponerse a la minería está indefensa», aseguró.
MADIDI, EL MÁS BIODIVERSO
La población de campesinos e indígenas como los Uchupiamonas, Lecos, T’simanes, Mosetenes, Esse Ejja y Tacanas, que habitan el Parque Madidi, y en las poblaciones aledañas, se estima en 150.000 habitantes.
La amenaza de la minería no está solo en el Madidi, sino también en las áreas protegidas de Cotapata y Apolobamba, ubicadas también en el norte de La Paz.
La última expedición de investigadores y científicos al Madidi duró dos años y medio y finalizó en 2017. El estudio constató que se trata del más biodiverso del mundo, por la gran cantidad de especies de animales y plantas que alberga en sus diferentes pisos ecológicos.
Se identificaron 124 nuevas especies para la ciencia, que incluyen 76 plantas, 13 mariposas y 35 vertebrados, de acuerdo con datos del portal en Internet de la organización Wildlife Conservation Society (WCS), que documentó la expedición.
Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas, que son territorios con límites definidos que cuentan con protección legal y una categoría de manejo determinada.
Las áreas protegidas están orientadas a la protección y conservación del patrimonio natural y cultural del país.
