El número de mujeres, muchas de ellas indígenas, que lideran movimientos en defensa del derecho al agua en sus territorios no deja de aumentar en los últimos años en América Latina, a medida que crece la presión de grandes empresas sobre este recurso.
En el Día Mundial del Agua, Alianza por la Solidaridad recuerda que los últimos datos del Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras de Derechos Humanos contabilizaron entre 2015 y 2016 un total de 609 ataques contra defensoras de derechos relacionados con la tierra y los bienes naturales, lo que supone un 30% más que en el periodo anterior (2012-2014). Se estima que solamente en esos dos años, 21 de estas defensoras de derechos fueron asesinadas, entre ellas la hondureña Berta Cáceres, si bien estas cifras pudieran ser más elevadas dado que muchos casos no se dan a conocer o se atribuyen a sucesos violentos que se intentan desvincular jurídicamente de sus luchas.
Las vulneraciones del derecho humano al agua de millones de personas en países de Centroamérica tienen como una de sus principales causas el acaparamiento del agua por parte de grandes empresas, muchas transnacionales, que hacen negocio con el recurso. Su impacto se suma a los efectos del cambio climático en la región. Este expolio se ve favorecido por gobiernos e instituciones estatales que vulneran los derechos de las comunidades afectadas, la mayor parte indígenas, y que criminalizan a quienes ejercen el liderazgo en la defensa del agua. De hecho, el Estado es el principal agresor de las mujeres defensoras: el 54% de los agresores identificados son policías, militares, funcionarios o autoridades.
Casos como los del acuífero sobrexplotado por una embotelladora de Coca-Cola en Nejapa (El Salvador), donde aún se sigue priorizando el agua para uso industrial frente al agua para consumo humano; la geotérmica salvadoreña La Geo; las hidroeléctricas Oxec y Renace de Guatemala, ambas sobre el río Cahabón; o la mina de plata y oro El Tambor (Guatemala) son ejemplos claros en los que las mujeres lideran la defensa del derecho al agua pese a las consecuencias que tiene en sus vidas. Algunos de estos casos forman parte de las investigaciones realizadas por Alianza por la Solidaridad en el marco de su campaña TieRRRa por las inversiones responsables.
En la planta de geotermia La Geo, en el municipio salvadoreño de Berlín, Alma Orellana, de la Coordinadora para la Defensa de la Subcuenca del Río San Simón, denuncia desde 2002 como este negocio ha contaminado el agua de metales pesados y provocado nubes tóxicas que han afectado la salud de la población. Orellana, que ha liderado las denuncias en tribunales internacionales, afirma: «He sentido muy fuerte la presión de la empresa La GEO. En las reuniones, nos amenazaban diciendo que sabían quienes éramos y quienes eran nuestras hijas. Eso impacta mucho. Algunas compañeras recibieron amenazas, incluso con un fusil. Ha habido miedo, desánimo, porque parece que es una lucha personal, cuando es algo que hacemos para todas las personas».
En Guatemala, la indígena maya q’eqchi’ Rosa Chub se ha convertido en una de las representantes de la lucha contra la hidroeléctrica Oxec sobre el río Cahabón, obra que se realiza sin consulta previa a las comunidades y que es la causa encarcelamiento del maestro q’eqchi’ Benardo Caal Xol, condenado a más de siete años de cárcel. Chub asegura: «Para mi toda el agua que corre viene de la tierra, corre por las venas de los árboles y nos alimenta a nosotros, a nuestros hijos y a los animales. Por ello es una obligación proteger el agua de nuestros ríos. La lucha de las mujeres no es fácil porque hay mucho paternalismo y machismo, pero aunque nos cueste, aquí estamos».
Similar liderazgo de las mujeres tiene lugar contra la mina El Tambor, donde se ha organizado un movimiento de resistencia comunitaria en La Puya. El proyecto se paró en 2016, si bien se ha recurrido y podría reactivarse. Felisa Muralles, Doña Licha, es una de ellas: «En 2012, al ver llegar las máquinas hacia la mina y tras ser informados de la contaminación del agua que iba a generar, les cerramos el paso. Estamos muy unidos, pero debo decir que somos las mujeres las que hemos liderado esta lucha, aunque recibimos amenazas y descalificaciones continuamente».
Alianza por la Solidaridad tiene en marcha una investigación que visibiliza las luchas ambientales de las mujeres y los impactos que tienen en sus vidas y son diferentes a las de los líderes masculinos, un trabajo que será presentado próximamente y del que forman parte estos testimonios.
Alianza por la Solidaridad recuerda, en el Día Mundial del Agua, que es imprescindible la aprobación de un tratado internacional jurídicamente vinculante que regule la relación entre empresas y los derechos humanos. Además, este instrumento debería incluir en su articulado una referencia especial para evitar la violencia específica que sufren las mujeres que defienden los derechos frente a actuaciones empresariales con mecanismos de observación y evaluación contra la discriminación y violencia hacia las defensoras de derechos, tal como marca la Resolución de la ONU de 2013.
