Un total de 29 inversores de nueve países diferentes, que gestionan activos por unos 3,7 billones de dólares (3,2 billones de euros), han remitido una carta abierta a las autoridades brasileñas para que estas revisen sus políticas en materia de deforestación para preservar la selva amazónica, puesto que de no hacerlo retirarían sus inversiones en el país.
El fondo noruego Storebrand ha destacado que la deforestación en el país está aumentando dramáticamente en los últimos tiempos, lo que implica una «intensa presión» para las poblaciones indígenas que viven en el Amazonas, lo que conlleva un riesgo financiero.
«La deforestación y la pérdida de diversidad natural no es solo un problema ambiental, sino que tarde o temprano tendrá importantes consecuencias económicas y afectará negativamente a los mercados financieros», subraya Storebrand.
En esta línea, el fondo noruego ha agregado que el Gobierno de Brasil está aplicando una política que fomenta una mayor deforestación y la ocupación de los pueblos indígenas, en concreto, las nuevas leyes que facilitan la privatización de la tierra y amenazan los territorios de los pueblos indígenas representan, según, Storebrand, una «amenaza importante» para la selva tropical brasileña y también implica el riesgo para los inversores.
Los fondos de inversión agregan que si bien las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero pueden caer un 7% este año como resultado de la pandemia, las emisiones de Brasil han aumentado entre un 10% y un 20% desde 2018 por la deforestación.
Por otro lado, los fondos han indicado que, al tomar decisiones de inversión, también evalúan el riesgo de invertir en empresas en un país con clima político inestable, por lo que también se añade un riesgo político que Brasil debe abordar y trabajar de manera conjunta con las empresas para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París.
En la carta, Storebrand y el resto de los inversores solicitan una reunión con los representantes de las embajadas del país «lo antes posible».
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