Expertos de Naciones Unidas se han mostrado «profundamente preocupados» por los efectos de la crisis económica y sus consecuencias en materia de Derechos Humanos sobre la población venezolana y han reclamado al Gobierno de Nicolás Maduro que explique «inmediatamente» medidas para ayudar a los ciudadanos, «muchos de los cuales se encuentran al borde de la supervivencia».
«Estamos profundamente preocupados por la espiral de la crisis económica y el efecto que ésta ha tenido en la capacidad de las personas para subsistir de un día para otro», han dicho los relatores sobre extrema pobreza, Olivier De Schutter; derechos al agua y al saneamiento, Léo Heller; y sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry.
Aunque han apuntado que Estados Unidos «debería levantar inmediatamente las sanciones generales, que están teniendo un grave impacto en los Derechos Humanos del pueblo venezolano», han advertido de que el régimen chavista no puede culpar a actores externos de problemas como «la escasez de alimentos, la hiperinflación, los cortes de energía y agua y el creciente desempleo precedieron a las restricciones comerciales».
Además, y pese a los «numerosos desafíos» a los que debe hacer frente, entre ellos la pandemia de COVID-19, los relatores han coincidido en que «los Derechos Humanos no pueden quedar en suspenso». «Incluso en un momento como éste, el gobierno sigue teniendo la obligación de proteger los derechos básicos de las personas», han enfatizado.
SISTEMA DE SALUD COLAPSADO
Una de las lacras en cuanto a servicios básicos en Venezuela es el sistema sanitario, con hospitales que apenas pueden funcionar por falta de electricidad y agua corriente. Además, según los expertos, estos centros sufren «una escasez de suministros médicos, equipos de protección y medicamentos».
«Dado el grave impacto de la pandemia COVID-19 en las personas de bajos ingresos, incluso en los países más ricos, esto es alarmante. El Gobierno también debería asegurar que la gente tenga el apoyo que necesita para practicar con seguridad el distanciamiento social», han agregado.
Los expertos también han puesto el foco del sistema educativo, ralentizado por la pérdida de profesores y alumnado, parte del cual no asiste a clase por falta energía o porque no puede pagar el transporte. Esta situación amenaza con causar «daños perdurables a la próxima generación».
En su nota, los relatores de la ONU también han expresado su preocupación por las represalias y las detenciones periodistas, abogados y trabajadores sanitarios que habían denunciado las condiciones en el país sudamericano. «Cualquier persona detenida arbitrariamente debe ser liberada inmediatamente y el Gobierno debe investigar estas acusaciones», han reclamado.
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