La presidenta de la Convención Constitucional de Chile, Elisa Loncón
«A pesar de ser un mandato constitucional, el Gobierno saliente fue poco colaborador, sobre todo en los primeros meses», ha indicado Loncón en su discurso de despedida, donde ha incidido en que la Constituyente ha tenido que «lidiar con mezquindades de parte del poder constituido», según ha recogido Radio Cooperativa.
Durante su intervención, la académica mapuche ha aludido a los pueblos indígenas y ha asegurado que pueden «gobernar», algo de lo que su liderazgo al frente de la Convención Constitucional «ha dado muestra».
«Las naciones originarias somos agentes democratizadores, que traemos profundos pensamientos para repensar nuestra vida común y digna, somos culturas vivas, somos lenguas diversas y no dialectos como dicen aquellos que aún quieren negarnos», ha continuado, según ha recogido el diario chileno ‘El Mercurio’.
Además, ha destacado el hecho de ocupar el cargo siendo una mujer y ha destacado que se trata de un «hecho cultural y político sin precedentes» y que «habla de un país paritario y plurinacional que ya da sus primeras luces».
Por otro lado, Loncón ha abordado el conflicto en la Macrozona Sur de Chile, donde se concentra la mayor población mapuche, el mayor grupo indígena del país latinoamericano, y ha insistido en la necesidad de «diálogo».
Este martes se elige la nueva mesa directiva de la Convención Constitucional, puesto que el reglamento estipula renovarla a los seis meses. La elección de los nuevos líderes de la convención se realizará mediante una votación del pleno que requiere la mayoría absoluta de los convencionales en ejercicio, es decir, la mitad más uno.
La redacción de la nueva Constitución en Chile vendrá a sustituir a la anterior aprobada en 1980 bajo el régimen de Augusto Pinochet, que sigue siendo para muchos herencia de la dictadura militar y un texto que legitima la poca implicación del Estado a la hora de ofrecer los servicios más básicos a la ciudadanía.
El documento promueve un modelo socioeconómico neoliberal en uno de los países latinoamericanos con mayor desigualdad –posee el PIB per cápita más alto de la región–. Esta situación ha servido de carburante para la indignación y las protestas contra el Gobierno.
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