Javier Milei (Foto: Gabriel Lado - World Economic Foru - DPA)
En una decisión que marca un nuevo capítulo en la reforma estructural del Estado argentino, el presidente Javier Milei avanza con la eliminación de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo clave en la gestión de rutas no concesionadas y en el control de la obra pública. El anuncio llega justo antes de que expiren las facultades extraordinarias concedidas al Ejecutivo por la Ley de Bases, y forma parte de una batería de medidas que incluyen la fusión y cierre de otros entes del sector.
La medida fue comunicada este lunes por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que el cierre será formalizado mediante un decreto presidencial que se publicará en el Boletín Oficial. Según el funcionario, se trata de una decisión directa de Javier Milei, adoptada como parte de su plan para reducir el tamaño del Estado.
La Dirección Nacional de Vialidad, dependiente del Poder Ejecutivo, tenía a su cargo la conservación y expansión de la red vial nacional que no está bajo concesión privada, además de fiscalizar las concesiones existentes.
«El presidente de la nación firmó el acta de defunción de la corrupción en la obra pública», afirmó Adorni en un mensaje sin derecho a preguntas por parte de la prensa
El cierre de Vialidad no llega solo. El Ejecutivo también anunció la eliminación de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estas decisiones acompañan la reestructuración de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Controles y Servicios Públicos del Transporte.
Este nuevo organismo asumirá las tareas de fiscalización de las concesiones viales, concentrando las competencias que antes estaban distribuidas entre diferentes dependencias.
El Gobierno aprovechó el anuncio para vincular el cierre del organismo con uno de los casos de corrupción más emblemáticos de los últimos años: el juicio por la causa conocida como «Vialidad», que terminó con una condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta agravada durante su gestión.
Según la versión oficial, la Dirección Nacional de Vialidad fue clave en el entramado de irregularidades en la concesión de obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, motivo por el cual se convierte ahora en un símbolo a desmontar dentro del relato oficialista contra la corrupción.
El anuncio se produce a tan solo dos días del vencimiento de la declaración de emergencia pública que permitió al Ejecutivo ejercer facultades legislativas. Antes de perder esa herramienta clave, el Gobierno ha emitido una serie de decretos que buscan consolidar su modelo de desregulación económica.
Entre ellos, se destaca la reforma del régimen de inversiones mineras y la fusión de los entes reguladores nacionales de gas y electricidad, parte de un rediseño integral del Estado que Milei impulsa desde su llegada al poder.
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