Los trabajadores públicos de Perú se han movilizado contras los recortes presupuestarios a los que se enfrentan carteras como Sanidad y Justicia. Además, también se encuentran en huelga para quejarse de la nueva ley de trabajo y para conseguir mejoras laborales y sociales. Los trabajadores públicos de Perú se han movilizado contras los recortes presupuestarios a los que se enfrentan carteras como Sanidad y Justicia. Además, también se encuentran en huelga para quejarse de la nueva ley de trabajo y para conseguir mejoras laborales y sociales.
Miles de ellos, sobre todo de estos dos sectores, han salid a las calles de Lima, entre otras, y se han reunido bajo la bandera de la Central de Trabajadores Estatales de Perú y se encuentran en medio de un paro de 14 horas.
Estos manifestantes han pedido una subida de sus sueldos, que según ellos se encuentran congelados desde hace más de 20 años. Los trabajadores culpan de ello al presidente Alberto Fuijimori y a los gobiernos que vinieron detrás, porque fueron incapaces de arreglar este problema.
Piden también la eliminación de la Ley del Servicio Civil (Servil), que según ellos atenta contra todos sus derechos. En concreto, contra las vacaciones y las bonificaciones por antigüedad. Según Elia Luna, líder del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), la ley acaba con la estabilidad laboral.
A ellos se han unido los trabajadores penitenciarios, que protestan además de por lo anteriormente mencionado por la privatización de los penales que podría generar despidos en el sector.
César Orozco, secretario general del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) , se ha mostrado muy duro con la medida y ha señalado que esta idea de “última hora” solo supondría la precarización del sector, a lo que se oponen de modo contundente.
De no conseguir nada, los trabajadores han prometido nuevas movilizaciones, entre las que no descartan una huelga general indefinida que será discutida entre los diversos sindicatos que componen la patronal.
