El Gobierno salvadoreño del presidente Salvador Sánchez Cerén ha anunciado medidas para que los delitos de corrupción no prescriban. Entre ellas destaca la nueva Ley de Probidad que sustituiría a una de los años 50. El Gobierno salvadoreño del presidente Salvador Sánchez Cerén ha anunciado medidas para que los delitos de corrupción no prescriban. Entre ellas destaca la nueva Ley de Probidad que sustituiría a una de los años 50.
Fue al subsecretario de Participación Ciudadana y Transparencia, Marco Rodríguez, a quien la ha tocado presentar esta nueva reglamentación frente a la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, del parlamento salvadoreño. Rodríguez ha asegurado que no descartar pedir también que el Congreso revise la Constitución Política de El Salvador, por si incluye cláusulas que aboguen por la prescripción.
El subsecretario ha asegurado que “los delitos de corrupción no deberían prescribir por el bien del país” y a su modo de ver, “deberíamos hacer una corte de 20 o 25 años atrás y abrir la caja para cualquier persona pueda ser analizada como corresponde” y “responda públicamente”.
Los casos más sonados de corrupción de El Salvador, como recuerda Diario Colatino son el presunto desfalco de 40 millones de dólares del Ministerio de Obras Públicas, el escándalo de la supuesta malversación de fondos por parte del expresidente Francisco Flores y el exministro de Salud, Guillermo Maza.
Otros casos de corrupción son la privatización de la banda en 1989, un presunto desfalco de 70 millones al Seguro Social y una transferencia del fondo de pensiones no han llegado a pssar por los tribunales y Rodríguez cree que deberían haberlo hecho.
