El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) afín al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Antonio Caló será investigado por un presunto delito de lavado de dinero que tuvo lugar entre 1987 y 2008 y que ya ha llevado algunos sindicalistas a la cárcel. El secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) afín al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Antonio Caló será investigado por un presunto delito de lavado de dinero que tuvo lugar entre 1987 y 2008 y que ya ha llevado algunos sindicalistas a la cárcel.
Caló, también líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ha sido señalado por la Justicia junto a otros dirigentes de la UOM por la que ya fue condenado a un año y nuevo meses de presión Segundo Pantaleón Córdoba, antiguo jefe del área jurídica del gremio metalúrgico.
El Tribunal Oral Penal Económico se ha mostrado bastante duro al hacer su acusación. Según recoge Clarín, se vincula a los sindicalistas al “aparente daño patrimonial a miles de trabajadores de la UOM durante más de veinte años (1987-2008) y el manejo indiscriminado y hasta inmoral de fondos en principio provenientes de delitos”.
Aunque Caló es claramente el mayor perjudicado de todo esto, pero también lo es el candidato presidencial del Frente Para la Victoria (FPV), Daniel Scioli, al que el sindicalista de cabecera de Cristina Fernández de Kirchner había dado todo su apoyo. En una campaña salpicada de escándalos, como las elecciones de Tucumán, lo que menos le conviene al representante kirchnerista es verse envuelto en más escándalos.
En el caso de Caló, la situación es peliaguda. En el auto puede leerse también que se han dado “indebidas retribuciones por parte del Instituto de Seguros hacia la UOM”. Por ello, “es razonable que durante más de 20 años, 13 autoridades de la UOM y el imputado Córdoba habrían percibido, de media, veinte mil dólares, un 20% de la recaudación mensual de los afiliados”.
Hace dos años, Córdoba fue involucrado detenido a punto de viajar hasta Montevideo con 800.000 dólares que llevaba en una cartera, un bolso y un par de mochilas. En su defensa, el abogado aseguró que el dinero era para comprar propiedades en Uruguay y confesó que veían de pagos en negro del Instituto de Seguros, presidido por Julio Reale.
Además, agregó que “pactó con la UOM y el Instituto una remuneración mensual, habitual y permanente de una suma equivalente a una cuarta parte del 20% de la recaudación, mientras mantuviere vigencia el nuevo artículo 52 del convenio colectivo de trabajo 260/75”.
El fallo que se dio a conocer el pasado jueves da por hecha la existencia de al menos tres cuantas abiertas en el banco HSBC de Montevideo a nombre del propio Córdoba y de otras personas.
