Justicia
La tensa situación migratoria en Estados Unidos dio un giro inesperado cuando el juez federal James Boasberg emitió una orden de restricción temporal que bloquea la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a ciudadanos venezolanos.
La norma, firmada originalmente en el siglo XVIII, había sido utilizada por el gobierno de Donald Trump para justificar expulsiones rápidas, argumentando la supuesta “invasión” al territorio estadounidense por parte de la banda criminal Tren de Aragua (TdA).
“El magistrado ordenó que cualquier avión con deportados que estuviera en vuelo, regresara de inmediato a suelo estadounidense”
La proclamación, firmada el viernes y publicada el sábado por la tarde, invocaba la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, que permite la expulsión expedita de extranjeros en tiempos de guerra o invasión. Según la orden de Donald Trump, todos los venezolanos mayores de 14 años relacionados con la banda criminal Tren de Aragua (TdA) serían expulsados de forma inmediata, siempre que no tuvieran pasaporte estadounidense o residencia permanente.
“El documento oficial de la Casa Blanca alegaba que la TdA ‘perpetraba, intentaba y amenazaba con una invasión o incursión depredadora contra EE.UU’”
Antes de esta nueva orden judicial, un tribunal había ordenado suspender la expulsión de cinco demandantes venezolanos. Con la resolución de Boasberg, el caso se eleva a demanda colectiva, de modo que puede paralizar la deportación de todos los no ciudadanos bajo custodia en Estados Unidos que estén sujetos a la vieja ley invocada por Trump. El juez enfatizó que cualquier vuelo de deportación en curso debía regresar de inmediato.
“La orden de restricción temporal estará vigente por 14 días, tiempo suficiente para debatir la legalidad de la medida presidencial.”
El magistrado Boasberg fijó una nueva audiencia para finales de la próxima semana, en la que se evaluará la legalidad de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en el contexto migratorio actual. De mantenerse la suspensión, se marcaría un precedente jurídico que impactaría los planes de Donald Trump de acelerar las deportaciones de supuestos miembros de la Tren de Aragua (TdA).
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