Frontera entre EEUU y México
En un paso que muchos expertos califican de regresivo, Donald Trump ha decidido reactivar una ley centenaria que, históricamente, sirvió para restringir libertades y llevar a cabo expulsiones masivas durante periodos de conflicto bélico.
Esta vez, la mira está puesta en migrantes indocumentados a los que el Gobierno acusa de asociarse con el Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano.
La decisión ha encendido las alarmas en el ámbito internacional, especialmente entre defensores de derechos humanos y juristas que ven en esta medida un retroceso a épocas de mayores tensiones y menos garantías procesales.
“La Ley de Enemigos Extranjeros se remonta a 1798 y ha sido utilizada en periodos de guerra para deportar a grandes grupos de inmigrantes con la simple orden del mandatario”
Esta norma fue inicialmente concebida para su aplicación cuando Estados Unidos se hallara en guerra con otra nación o si se producía una invasión o amenaza de ella. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, se empleó para la detención y expulsión de inmigrantes alemanes, austrohúngaros, italianos y japoneses, incluidos ciudadanos estadounidenses de origen japonés. Aquellas decisiones dejaron un legado de violaciones de derechos humanos que, según los expertos, no deberían repetirse en la actualidad.
El Gobierno estadounidense ha justificado su postura argumentando que presuntos miembros o simpatizantes del Tren de Aragua se han infiltrado de manera ilegal en el país y participan en una supuesta guerra irregular. En la proclamación presidencial publicada, se señala que estos grupos están “realizando acciones hostiles contra Estados Unidos” y representan una amenaza terrorista. De acuerdo con la Casa Blanca, la deportación inmediata de estas personas es prioritaria para salvaguardar la seguridad nacional.
“Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian la medida como un acto xenófobo y discriminatorio contra los derechos humanos”
Amy Fisher, directora del Programa de Derechos de Refugiados y Migrantes de Amnistía Internacional EEUU, ha definido la decisión como una “acción increíblemente cruel” enfocada en fortalecer lo que califica de “agenda xenófoba” de Trump. Además, recordó que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 proporciona al presidente un poder excesivamente amplio para detener y deportar a grandes grupos de personas por su nacionalidad, lo que incrementa el riesgo de que se cometan abusos.
Para Fisher, la ley es “arcaica y debería ser desterrada de la sociedad moderna”. La organización teme que la norma abra la puerta a la discriminación sistemática y a la violación del derecho al debido proceso, especialmente para aquellas personas con temor fundado a la persecución y que solicitan asilo.
Algunos jueces federales han comenzado a reaccionar rápidamente. El magistrado James E. Boasberg aceptó la demanda preventiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, imponiendo una orden de restricción temporal que bloquea la deportación durante 14 días de cinco venezolanos que ya se encontraban bajo custodia de inmigración.
Esta orden de restricción, en principio, afecta únicamente a las personas involucradas en la demanda, pero el juez ha convocado una segunda audiencia para decidir si se amplía la medida a un mayor número de migrantes. De prolongarse, podría poner un freno temporal a la aplicación masiva de la ley y encender el debate en el Congreso sobre la pertinencia de un texto legal considerado por muchos como desfasado y contrario a los valores democráticos de Estados Unidos.
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