«Este año pensamos que está la necesidad más que nunca de que estemos en la calle porque estamos en una coyuntura donde se intenta cambiar la historia con otro relato diferente», dijo a la Agencia Sputnik la senadora Amanda Della Ventura, del opositor Frente Amplio (centroizquierda).
La legisladora sostuvo que ciertos sectores procuran instalar la idea de que las víctimas de la represión dictatorial fueron resultado de «una lucha entre dos bandos», lo que se conoce en este país como «teoría de los dos demonios».
El último golpe de Estado en Uruguay se produjo el 27 de junio de 1973, cuando el entonces presidente Juan María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, disolvió el Parlamento un año después de que se declarara «estado de guerra interno» en el marco de la lucha de las Fuerzas Conjuntas (policías y militares) contra la guerrilla urbana del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.
Para entonces, la guerrilla, que comenzó a operar a mediados de los años 60, había sido derrotada y sus principales líderes encarcelados, pero las Fuerzas Armadas redoblaron la persecución y detención de opositores políticos, dejando unos 200 desaparecidos, según cálculos de organizaciones de derechos humanos, además de numerosos casos de detenciones arbitrarias y torturas, y provocando el exilio de unas 380.000 personas.
La «teoría de los dos demonios» concibe los hechos previos y durante la dictadura como parte de una «guerra» interna, y por tanto da a entender que las violaciones a los derechos humanos perpetradas por las Fuerzas Armadas son equiparables en cierta medida con los actos de violencia y asesinatos de la guerrilla tupamara.
Organizaciones de derechos humanos y de izquierda rechazan esta postura señalando que la represión se dio de forma sistemática por parte del Estado, incluyendo delitos de lesa humanidad, y que tuvo también como víctimas a muchas personas ajenas a organizaciones armadas.
«¿DÓNDE ESTÁN?»
La marcha, convocada por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, se realizará este sábado en Montevideo bajo la consigna «¿Dónde están? Nunca más terrorismo de Estado». Comenzará sobre las 19.00 hora local (22:00 GMT), y los manifestantes se dirigirán hasta la céntrica Plaza Cagancha, en donde leerán una proclama.
La organización convocó a marchar con pañuelos blancos y colocarlos en las puertas de las casas. Además, pidió que se planten margaritas a las que le falte un pétalo, representando a los desaparecidos.
La movilización se realiza en la capital uruguaya desde 1996 cada 20 de mayo, ya que fue un día como ese pero de 1976 en que fueron hallados en Buenos Aires los cuerpos de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, legisladores uruguayos duramente críticos con la dictadura y exiliados en Argentina, junto a los también exiliados y asesinados William Whitelaw y Rosario Barredo.
PRISIÓN DOMICILIARIA
La marcha se realiza este año en momentos en que el Parlamento analiza un controvertido proyecto de ley que en su más reciente versión le concedería prisión domiciliaria a condenados mayores de 70 años, lo cual beneficiaría a una veintena de represores de la dictadura hoy recluidos en la Unidad de Internación «Domingo Arena», en las afueras de Montevideo.
El proyecto fue elaborado originalmente por el partido Cabildo Abierto (derecha), liderado por Guido Manini Ríos, excomandante en jefe del Ejército, y reformulado por legisladores de fuerzas políticas aliadas en la denominada «coalición multicolor»: el Partido Nacional (centroderecha), del presidente Luis Lacalle Pou, el Partido Colorado (centroderecha), el Partido Independiente (centro) y el Partido de la Gente (derecha).
El texto fue objetado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatores de la Organización de las Naciones Unidas, que lo consideran incompatible con compromisos internacionales de Uruguay.
Della Ventura dijo que el país atraviesa en estos momentos una «batalla cultural» en torno al pasado reciente, y por tanto se torna «aun más significativa una presencia multitudinaria en esta marcha».
FECHAS PATRIAS
En tanto, el Frente Amplio promueve un proyecto para declarar como «fecha patria» tanto el 20 de mayo como el 30 de noviembre, fecha de 1980 en que la dictadura realizó un plebiscito proponiendo a la ciudadanía su continuidad. El claro triunfo del «No» a la propuesta del régimen de facto precipitó su caída en 1985.
No obstante, Della Ventura admitió que la iniciativa tiene pocas chances de ser respaldada por la «coalición multicolor», que tiene mayoría parlamentaria, y por tanto de ser aprobada.
«Nos parecía que estas dos fechas son emblemáticas (…) Pero la cosa no viene fácil, ya la coalición a priori respondió que no estaba de acuerdo», señaló.
¿CERRAR LA PÁGINA?
El Parlamento también discute un proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo a instancias de Cabildo Abierto y ya con media sanción en el Senado, que establece una compensación económica para las familias víctimas de la guerrilla, con el propósito de «cerrar las heridas» de la sociedad.
Cabildo Abierto afirma que sus propuestas de ley procuran abordar el pasado «de la forma más objetiva posible» y contrarrestar una campaña de «estigmatización» y «odio» contra los militares.
Por su parte, Della Ventura sostuvo que es imposible «pasar la página» de la historia mientras no se conozca toda la verdad sobre el destino de las víctimas del terrorismo de Estado. «Hasta que no se sepa qué pasó con todos los desaparecidos, este tema va a seguir porque los familiares van a seguir buscando y tratando que se los oiga», afirmó.
Uruguay aprobó en 1986 la Ley de Caducidad Punitiva del Estado, que impedía juzgar a militares responsables de violaciones a los derechos humanos en la dictadura, pero fue derogada en los hechos en 2011 por una ley interpretativa. Algunos represores fueron condenados, pero las familias de las víctimas aún piden justicia para numerosos casos y reclaman saber toda la verdad.
