El Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, ha empezado a preparar un anteproyecto de ley que impulsará la privatización de las televisiones autonómicas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros, que también ha indicado que en última instancia serán los propios Ejecutivos autonómicos los que decidirán si quieren aplicar “una fórmula de gestión indirecta”. El Gobierno español presidido por Mariano Rajoy ha empezado a preparar un anteproyecto de ley que impulsará la privatización de las televisiones autonómicas. Así lo ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión del Consejo de Ministros, que también ha indicado que en última instancia serán los propios Ejecutivos autonómicos los que decidirán si quieren aplicar “una fórmula de gestión indirecta”.
Con esta decisión, con la que se cambiará la ley que rige estas televisiones para “ayudar a las Comunidades Autónomas”, según ha indicado Sáenz de Santamaría, el presidente hace oficiales sus planes para privatizar las televisiones regionales, que ya avanzó durante la campaña electoral y donde incluso llegó a plantear la posibilidad de crear una federación de canales autonómicos que permitiese a estos compartir gastos.
No obstante, el anteproyecto de ley que ya prepara el Gobierno español, y con el que se permitirá la entrada de capital privado en estas televisiones, todavía tendrá que recorrer un largo camino, ya que para modificar la normativa que controla estos canales televisivos se requieren informes previos de los organismos reguladores competentes, es decir, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) y la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Una vez que el presidente Rajoy cuente con ellos, deberá estudiarlos y posteriormente el anteproyecto se remitirá al Congreso de los Diputados.
Viabilidad.
La intención del Gobierno es “buscar la viabilidad de estas televisiones autonómicas”, ya que con el proyecto y “en estos momentos, ante la oferta televisiva” a las autonomías “se les concede un amplio margen de decisión para determinar formas de gestión directas o indirectas”, ha indicado Sáenz de Santamaría.
Lo que no está muy claro, tras el anuncio del Gobierno, es qué comunidades españolas se acogerán a esta posibilidad y, mucho más importante, quién aportará el dinero suficiente para quedarse con estas televisiones.
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