Mercosur
El tratado comercial entre el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea entrará a regir provisionalmente este viernes sin que los socios del bloque sudamericano hayan acordado como distribuirse entre ellos las cuotas de ingreso de productos sin aranceles, lo que genera incertidumbre entre los exportadores.
A partir de este 1 de mayo, quedarán exentos de tarifas el 73 por ciento por ciento de los productos negociados en el tratado firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, tras 25 años de tratativas.
Entre dichos productos están la lana, los aceites, los cueros, los despojos animales, la maquinaria no eléctrica y las frutas.
Pero hay un conjunto de productos «sensibles» para los cuales la UE fijó un límite de cantidad dentro del cual no se cobran aranceles.
En esa lista figuran rubros cruciales para las economías agroexportadoras sudamericanas, como las carnes, el arroz, el azúcar, el etanol, la miel y los lácteos.
En las últimas semanas los socios del Mercosur (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay) han venido debatiendo cómo repartirse esas cuotas, pero las negociaciones están estancadas y sin perspectivas de destrabarse.
En ese contexto, a partir de este viernes entrará a regir la «ley del más fuerte», en la que el primer exportador que llegue con un embarque a Europa va a empezar a consumir la cuota que corresponde a todo el Mercosur, sin importar de dónde venga.
En este esquema, puede suceder que sólo por el hecho de haber llegado primero, una empresa exportadora con mucha capacidad logística utilice todo un cupo, o más de lo que le correspondería si hubiera habido un reparto negociado.
Este escenario beneficia a las economías y las empresas más grandes del Mercosur, dijo a la Agencia Sputnik el avalista Gonzalo Oleggini, licenciado en negocios internacionales y consultor en comercio exterior.
«Regirá la ley de la selva, en la que tendrá más posibilidades el más grande, el que tenga más estructura logística y mayor capacidad para llegar primero», resumió el también docente de la Universidad Católica del Uruguay.
Para Oleggini esta etapa va a estar dominada por los gigantes de la industria cárnica brasileña, que cuentan con oficinas en los puertos europeos.
En contrapartida, pueden quedar en desventaja economías más pequeñas como la de Uruguay, que tiene un volúmen de producción menor, y menos capacidad logística y de negociación.
En el Gobierno uruguayo ya se transmitió a los empresarios exportadores que van a tener que convivir por unos meses bajo la «ley del más fuerte».
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, dijo días atrás que el escenario es «riesgoso» para Uruguay porque compite con «vecinos muy grandes».
Sin embargo, apuntó que «tiene mucha fe» porque el país «tiene mucho conocimiento del mercado europeo y lo tiene muy trabajado».
Además, la jerarca enfatizó que tarde o temprano va a haber un acuerdo, porque el texto del tratado establece que el Mercosur tiene 8 meses para comunicarle a la UE cómo repartió las cuotas a su interna.
Otro de los problemas que pueden surgir a partir del 1 de mayo es que los sistemas informáticos de las aduanas no van a tener cargado la cuota que corresponde a cada socio del Mercosur, ni cómo esa cantidad se distribuye entre las empresas del país en cuestión.
En Uruguay, la Cámara de Industrias (CIU) envió una nota al Ministerio de Economía y Finanzas para mostrar su preocupación sobre la falta de claridad en la distribución de los cupos.
«Estamos a 24 horas de que el acuerdo se ponga en vigor y en uno de los capítulos más importantes para el sector industrial, como la industria frigorífica, no sabemos en qué situación están los cupos. ¿Cuál es el criterio de reparto en la interna del bloque? ¿Cómo va a ser el criterio de distribución de ese cupo entre los distintos industriales y exportadores de Uruguay? ¿Qué certeza tiene el exportador uruguayo respecto a qué porción de cupo va a poder disponer para vender a sus clientes europeos en condiciones preferenciales? Es algo que nos tiene preocupados e inquietos», dijo a la Agencia Sputnik, el responsable del área de Comercio Exterior de la CIU, César Bourdiel.
Entre el humor y la inquietud, Oleggini advirtió que los empresarios exportadores uruguayos «están más perdidos que Adán en el día de la madre» ante la entrada en vigencia del acuerdo.
Para el experto, en el país sudamericano se habló mucho sobre las implicancias geopolíticas del acuerdo, pero muy poco de los cambios arancelarios, por lo que hay mucha desinformación.
«A algunos empresarios importadores les van a bajar o eliminar los aranceles y recién se van a enterar dentro de una semana cuando llegue el producto. Puede haber productos que antes el empresario no traía porque pagaban un arancel caro y ahora no pagan nada. Lamentablemente no usamos el tiempo para capacitar a las empresas sobre qué es lo que podían hacer con el tratado», precisó el consultor.
Oleggini consideró que las negociaciones para distribuir las cuotas dentro del Mercosur se demoraron porque durante mucho tiempo los socios del bloque sudamericano pensaron que el acuerdo iba a fracasar.
Para el consultor, tanto empresarios y Gobiernos deben responsabilizarse por no avanzar la discusión después de diciembre de 2024, cuando empezó el proceso de ratificación en los parlamentos del Mercosur y en la Eurocámara.
El experto entiende que las negociaciones en estas semanas se trancaron porque los países están presionados por intereses empresariales para hacer valer su peso dentro del bloque.
En ese juego, incide el peso económico y político de cada socio del Mercosur.
Por ejemplo, en el rubo de la carne vacuna Brasil planteó tomar como base una propuesta de distribución realizada en 2019, cuando el tratado fue firmado preliminarmente por los bloques.
De acuerdo a esos parámetros, Brasil exportaría el 42 por ciento de las 99.000 toneladas anuales de carne con preferencias arancelarias, Argentina el 29, 5 por ciento, Uruguay el 21 por ciento, y Paraguay el 7 por ciento.
«A Brasil obviamente le sirve esa distribución, pero el problema es que no toma en cuenta cuánto ha crecido la incidencia de Paraguay en el mercado internacional de la carne», señaló Oleggini.
De hecho, la propuesta de distribución de Brasil molestó en Asunción y su sector empresarial.
El 13 de abril el presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay, José Carlos Martín, declaró que, en algunos productos como la carne, la negociación se parece mucho a la «Guerra de la Triple Alianza» que Argentina, Brasil y Uruguay emprendieron contra Paraguay entre 1864 y 1870.
Bourdiel coincidió en que es difícil conciliar las expectativas de cada miembro del bloque.
«Sabíamos que iba a ser controversial por las expectativas de Brasil. Pero no hay que olvidar que el acuerdo llevó 25 años de negociación, y empezamos con una oferta en el cupo de carnes que en 2004-2005 era muy superior a lo que terminó siendo el cierre del acuerdo. Y además hay un jugador como Paraguay que en los inicios de los 2000 no tenía una industria frigorífica cárnica desarrollada como la que tiene hoy. Entonces sus expectativas lógicamente van a ser más grandes», sostuvo el dirigente gremial.
Con todo, Gobiernos y empresas destacan la firma del acuerdo y la apertura de mercados, en un contexto de incertidumbre comercial por la política arancelaria de EEUU.
El miércoles, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, aseguró que «el acuerdo llega para reforzar la idea del multilateralismo» después de que el mandatario de EEUU, Donald Trump, «tomara medidas unilaterales contra el mundo entero».
«La respuesta que la UE y Brasil dieron al mundo es que no existe nada mejor que el ejercicio de la democracia, que el multilateralismo y que la relación cordial entre las naciones», dijo Lula.
Este viernes, está prevista una reunión virtual entre los mandatarios de los países miembros del Mercosur, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y su homóloga de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para dar inicio protocolar al tratado.
El acuerdo entre la UE y el Mercosur fue firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, tras más de 25 años de negociaciones.
La Comisión Europea anunció a fines de febrero la aplicación provisional del capítulo comercial del tratado, sin esperar la ratificación de la Eurocámara, donde el texto enfrenta resistencias.
La decisión generó críticas de los opositores al tratado, en la medida que la Eurocámara había decidido en enero enviar el texto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que se pronuncie sobre su legalidad, un proceso que puede demorar entre 18 y 24 meses.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuyo país lideró la resistencia al acuerdo, consideró la aplicación provisional como una «sorpresa desagradable».
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