Suspenso a la Casa Real

Los españoles sólo otorgan una nota de 3,96 puntos a la Monarquía, según refleja el Barómetro de Abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado en los días en que el juez José Castro decidió citar como imputada a la hija menor del Rey, la infanta Cristina, en el caso Urdangarin. Los españoles sólo otorgan una nota de 3,96 puntos a la Monarquía, según refleja el Barómetro de Abril del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), realizado en los días en que el juez José Castro decidió citar como imputada a la hija menor del Rey, la infanta Cristina, en el caso Urdangarin.

La Monarquía figura en sexto lugar en la lista de las instituciones, por debajo de la Guardia Civil (5,71), la Policía (5,65), las Fuerzas Armadas (5,21), los medios de comunicación (4,79) y el Defensor del Pueblo (3,94).

La institución de la Monarquía ha registrado su peor dato de valoración en una encuesta del CIS, según recalca elmundo.es. El barómetro correspondiente al mes de abril le otorga la peor nota d sue historia. La última vez que el CIS preguntó por esta institución, en octubre de 2011, registró su primer suspenso con un 4,89.

A pesar de ello, la Corona queda muy encima de los partidos políticos y del Gobierno, que cierran la lista con un 1,83 y 2,42 puntos, respectivamente.

Se han dado además nuevos pasos dentro de la investigación del ‘caso Nóos’. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la competencia del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, para instruir el presunto desvío de fondos desde las administraciones valencianas en favor del Instituto Nóos, desestimando de este modo los recursos de apelación de varios imputados, que solicitaban que el magistrado se apartase de las pesquisas acontecidas en esta Comunidad Autónoma.

Ahora la Audiencia pone de manifiesto en su auto que la «relación de conexidad» entre los hechos acaecidos en Baleares y la Comunitat Valenciana está «debidamente fundamentada» en la resolución del juez Castro, quien alegaba cómo tanto en una como en otra Comunidad el marido de la Infanta Cristina utilizaba su pertenencia a la Familia Real para lograr contratos y cómo, tanto en uno como en otro sitio, «se desprecia» la correcta aplicación de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, tal y como informa Europa Press.

El hecho de que el juez Castro pueda investigar los pagos de Nóos realizados en Valencia se considera un primer paso para la imputación de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, ya que partidos como Compromís y Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) están convencidos de que después de la infanta Cristina en el caso Nóos, serán los siguientes imputados.

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