Nada más conocerse que el Senado de Brasil ha dado luz verde a la ampliación de capital de la petrolera Petrobras, el Gobierno de Lula da Silva ha reconocido que evalúa la posibilidad de adquirir el 50% de las acciones que salgan a la venta para que el Estado pase a tener cerca del 42% del capital de la firma, según han asegurado los medios locales. Aunque la gestión de Petrobras está en manos del Estado, en su composición accionarial hay un 60% de capital privado. Nada más conocerse que el Senado de Brasil ha dado luz verde a la ampliación de capital de la petrolera Petrobras, el Gobierno de Lula da Silva ha reconocido que evalúa la posibilidad de adquirir el 50% de las acciones que salgan a la venta para que el Estado pase a tener cerca del 42% del capital de la firma, según han asegurado los medios locales. Aunque la gestión de Petrobras está en manos del Estado, en su composición accionarial hay un 60% de capital privado.
El Senado de Brasil ya ha aprobado el proyecto de ley de emisión de acciones de la estatal Petrobras, con la que se espera fortalecer el patrimonio de la empresa, que adquiere una mayor capacidad para conseguir créditos internacionales para el ambicioso plan de inversiones de los próximos quince años.
El proyecto de ley contempla un plan de inversiones de hasta 166.790 millones de euros. Según el proyecto, el Estado cede 5.000 millones de barriles de crudo de las reservas federales, y la empresa estatal emitirá acciones por un valor equivalente. De esta manera se logrará reforzar la caja de la empresa para poder explotar adecuadamente la reserva de petróleo que Petrobras encontró recientemente bajo el lecho marino.
Con esta ley se logra un aporte de entre 12.500 y 20.848 millones de euros al venderlo a accionistas minoritarios. El precio de la venta del crudo se establecerá en función del valor que tenga en el momento de realizar la venta y el valor que el mercado otorgue a las acciones, que podrán ser compradas por cualquier persona o firma.
Se supone que las reservas federales brasileñas en aguas profundas son de aproximadamente 50.000 millones de barriles de crudo. De ser así, Brasil sería una de las grandes exportadoras de petróleo a nivel mundial. Pero el problema es que la extracción del petróleo de sus reservas sólo sería posible si se realizara una enorme inversión a la que cuesta hacer frente. Para poder extraer el crudo, haría falta establecer cuarenta sondas, las cuales tienen un importe de 833,952 mil euros cada una. El proyecto de ley de emisión de acciones puede ser una ayuda a la hora de realizar esta enorme inversión, para la cual la petrolera empezó por resucitar su industria naval con la elaboración de un proyecto de un gigantesco astillero especializado en la construcción de plataformas y navíos.
El presidente de Petrobras, José Sergio Gabrielli, ha dado a conocer los nombres de los bancos que han elegido para llevar a cabo la ampliación de capital de la compañía, que será la mayor colocación bursátil de la última década en la región, y entre ellos hay uno español, el Banco Santander, que preside Emilio Botín. La operación, por la cual la compañía brasileña planea conseguir los cerca de 21.000 millones de euros que necesita para financiar su ambicioso plan de inversiones, ha sido encargada también a los brasileños Bradesco e Itaú Unibanco y a los estadounidenses Bank of America, Citigroup y Morgan Stanley.
Según la información que han dado a conocer los portavoces de la compañía petrolera, la colocación cubrirá el 11% de la inversión necesaria para explotar uno de los mayores descubrimientos de petróleo realizado en el continente americano en los últimos 30 años
La petrolera brasileña ha entrada ya en una fase de silencio, tal y como le obliga la normativa brasileña, tras anunciar su intención de realizar dicha colocación.
Muchas petroleras están pendientes de la salida a bolsa de Petrobras, como el caso de Repsol YPF, que sigue todos los pasos con atención para decidir si finalmente hace lo mismo con su filial Repsol Brasil, de la que piensa vender una parte en bolsa o buscar un socio para compartir las inversiones en el país.