El conflicto dos sectores de trabajadores mineros que se disputan la explotación de la mina de Colquiri, nacionalizada por Evo Morales, se ha intensificado en los últimos días tras la muerte de un trabajador durante los duros enfrentamientos. El conflicto dos sectores de trabajadores mineros que se disputan la explotación de la mina de Colquiri, nacionalizada por Evo Morales, se ha intensificado en los últimos días tras la muerte de un trabajador durante los duros enfrentamientos.
El pasado martes, el ataque de las cooperativas de mineros a la sede de los mineros asalariados de Bolivia, la FSTMB, acabó con la muerte de un empleado de Colquiri, asesinado por la explosión de dinamita en el tórax, y varios compañeros de la explotación heridos.
Multitud de mineros cooperativistas marcharon ese día en el centro de La Paz, exigiendo el control del yacimiento. Durante la movilización, el grupo de manifestantes atacó con dinamita la sede de la FSTMB, causando la muerte del minero Héctor Choque.
Los asalariados decidieron tras el ataque no acudir al diálogo convocado por el Gobierno boliviano para este viernes con el objetivo de calmar las aguas entre los dos grupos de trabajadores de la mina.
La administración de Evo Morales llamó a los mineros a la negociación y pidió tanto a cooperativistas como a asalariados que cesen las provocaciones para alcanzar la paz en el yacimiento minero.
“Hago un llamado público a evitar cualquier tipo de colisión entre cooperativistas y mineros de la mina Colquiri”, pidió el ministro de Gobierno, Carlos Romero, en conferencia de prensa.
El conflicto comenzó cuando Evo Morales otorgó la veta Rosario del yacimiento de Colquiri, la de mayor riqueza de la mina, a una cooperativa. La decisión supone un incumplimientos de los acuerdos establecidos por el Gobierno y desató el malestar entre los mineros asalariados, organizado alrededor del Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Colquiri (SMTMC) y la FSTMB.
Decidieron entonces ocupar el yacimiento, exigiendo la nacionalización de toda la mina, por lo que han conseguido el apoyo de cooperativistas pobres y humildes que prefieren pasar al sistema asalariado, así como de las comunidades indígena-campesinas de la región.
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