La última acción de oro

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El control de la operadora brasileña Vivo, principal compañía de telefonía móvil de del país con un 30,14% de la cuota de mercado, ha provocado una dura lucha corporativa en Europa con derivadas políticas, financieras y empresariales. Los principales actores: Portugal Telecom, Telefónica, la Comisión Europea y el Estado portugués protagonizan un duro enfrentamiento en el que está en juego mucho más que la propiedad de una operadora de telefonía móvil y que puede significar el fin de las ‘acciones de oro’ en el Viejo Continente. El control de la operadora brasileña Vivo, principal compañía de telefonía móvil de del país con un 30,14% de la cuota de mercado, ha provocado una dura lucha corporativa en Europa con derivadas políticas, financieras y empresariales. Los principales actores: Portugal Telecom, Telefónica, la Comisión Europea y el Estado portugués protagonizan un duro enfrentamiento en el que está en juego mucho más que la propiedad de una operadora de telefonía móvil y que puede significar el fin de las ‘acciones de oro’ en el Viejo Continente.

En el que, por ahora, es el último capítulo de la batalla, los accionistas de Portugal Telecom buscan fórmulas para evitar el veto del Estado a la venta de Vivo a Telefónica. Las asociaciones de accionistas minoritarios de España y Portugal afirman que planean demandar al Estado luso por el uso de su acción de oro, una “injerencia anacrónica y arbitraria del poder político”, que constituye un mecanismo declarado en múltiples ocasiones por la Unión Europea como “incompatible” con el derecho comunitario, especialmente con el principio de la libre circulación de capitales.

En un duro comunicado conjunto, ambos grupos han subrayado que son los accionistas de las empresas, reunidos en junta general, quienes representan el poder soberano en las sociedades mercantiles y por tanto quienes “detentan la legitimidad para la toma de las decisiones que afecten a la misma”.

Mientras, la prensa portuguesa apunta que el consejo de la operadora lusa estudia si tiene la posibilidad de ignorar lo sucedido en la junta y aceptar la oferta de Telefónica pese al veto estatal. De esta forma, cobraría más sentido la decisión de la compañía que preside César Alierta, que tras la junta de PT celebrada el miércoles, extendió la validez de su oferta de 7.150 millones de euros hasta el 16 de julio.

Ricardo Salgado, presidente del Banco Espirito Santo (el mayor accionista de PT y que contra todo pronóstico votó a favor de la venta de Vivo), dijo hoy que “no vale la pena especular” y mostró su confianza en que el acuerdo empresarial salga adelante, cuando probablemente el Tribunal de Luxemburgo falle en contra de la acción de oro el próximo 8 de julio.

Sin embargo, el Gobierno de José Sócrates alega que no ha aplicado ninguna acción de oro, sino “acciones especiales” que ostenta el Estado portugués y que están únicamente previstos en los estatutos de Portugal Telecom. La concesión de privilegios al Estado no derivaría entonces de las prerrogativas del Estado sino de la voluntad de la propia PT como empresa privada.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, indicó hoy que el Ejecutivo español espera que “sean las empresas privadas” las que alcancen “un acuerdo dialogado” respecto a la oferta de Telefónica a PT por la participación que posee el grupo luso en Vivo. De la Vega, que no quiso entrar a valorar la imposición por parte Gobierno portugués de los derechos especiales que ostenta en PT, pidió “prudencia” y recordó que existe un “marco regulatorio” común para todos los países que integran la Unión Europa, incluido el Estado portugués.

Pedro Passos Coelho, el presidente del principal partido de la oposición en Portugal, el Social Demócrata (PSD, centro-derecha), visitará Madrid el 6 y 7 de este mes y se reunirá con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy. El encuentro entre Passos Coelho y Mariano Rajoy está previsto el 6 de julio por la tarde, en la sede nacional del PP, mientras que por la noche el dirigente político luso estará presente en una cena ofrecida por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).

El miércoles, el líder del PSD asistirá al campus de la FAES, la fundación vinculada al PP y presidida por el ex presidente del Gobierno español, José María Aznar, con quien Passos Coelho se reunió ya en Lisboa en junio pasado. En este evento compartirá discurso con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en una mesa redonda titulada “Un proyecto de futuro para Portugal”.

El sorprendente, inédito y probablemente ilegal veto aplicado por el Gobierno de Portugal ha desencadenado una tormenta que ha trascendido la esfera empresarial. Sócrates se ha sometido desde el pasado miércoles a una lluvia de críticas desde Bruselas, la prensa internacional y nacional, la oposición portuguesa e incluso desde sus propias filas. Consciente de la polémia, el primer ministro ha multiplicado sus apariciones en los medios para dar entrevistas y escribir artículos de opinión con un denominador común: el Gobierno hizo lo que debía para defender los intereses de Portugal y de Portugal Telecom y su acción es absolutamente legal porque lo permiten los estatutos de la operadora y no hay nada contra Telefónica.

En una entrevista al Financial Times, el mismo diario que ayer tachó su actuación de “estupidez colonialista”, ha asegurado que “Telefónica estaba engañada si pensaba que podría seguir adelante con la oferta sin tener en cuenta los intereses estratégicos expresados claramente por el Gobierno portugués”. Quizá los intereses del Estado luso estaban claros para Sócrates, pero no para los ejecutivos de la propia Portugal Telecom, que con su presidente ejecutivo a la cabeza, Zenial Bava, aseguraban que en el desenlace la batalla por Vivo no intervendría la acción de oro, sino la decisión de los accionistas.

En el plano político, el eurodiputado socialista Vital Moreira, que fue cabeza de lista en los comicios europeos el año pasado, reconoce hoy en su blog que el uso de la acción de oro “seguramente será impugnado por la Justicia europea”.

Moreira avisa además que a Portugal no le conviene tener “enrabietada” a la compañía española, porque cuenta con capacidad financiera suficiente para lanzar una OPA sobre el 100% del capital de Portugal Telecom.

Mientras, el PSD considera inadmisible el uno del derecho porque “el Estado no es dueño de la empresa”, según ha afirmado su líder, Passos Coelho, cuya formación ocupa 81 escaños en Parlamento luso frente a los 97 de los socialistas.

El bloqueo de Portugal parece una reedición de otro caso sucedido en 1.999 entre una empresa española y otra del país vecino. La alianza entre el Santander y el grupo financiero portugués de Antonio Champalimaud desencadenó una enorme polémica en el momento y el Gobierno socialista de la época y vetó la operación también en el mes de junio enfrentándose a Bruselas, que criticó duramente la medida. En noviembre de 1999 llegó el acuerdo entre todas las partes implicadas (Gobierno portugués, Comisión Europea, y ambos bancos).

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