La corrupción se ha convertido en el enemigo público número uno de la sociedad brasileña. Ya han dimitido cinco ministros acusados de cohecho, y esta semana, ha saltado a la palestra uno más. Pero el poder legislativo también se ha visto afectado con este mal, junto con el cuerpo militar del país. Ya nadie escapa a la ‘limpieza ética’ de la presidenta, Dilma Rousseff. La corrupción se ha convertido en el enemigo público número uno de la sociedad brasileña. Ya han dimitido cinco ministros acusados de cohecho, y esta semana, ha saltado a la palestra uno más. Pero el poder legislativo también se ha visto afectado con este mal, junto con el cuerpo militar del país. Ya nadie escapa a la ‘limpieza ética’ de la presidenta, Dilma Rousseff.
Las últimas noticias llegan del cuerpo militar del país. El ministro de Defensa brasileño, Celso Amorim, ha confirmado que se ha iniciado una investigación sobre una presunta red de corrupción integrada por militares y empresarios que podría haber estafado al Gobierno cerca de 3,5 millones de dólares (2,60 millones de euros).
En este caso de corrupción están siendo investigados cinco militares y dos civiles, a los que se constató una incompatibilidad entre los estoques de mercaderías en los depósitos del Ministerio de Defensa y los registros de las mismas.
Ya son cinco ministros los que han dimitido por ser acusados por casos de corrupción y esta semana ha sido a la plateara el ministro de Ciudades, Mario Negromonte, ya que ha sido acusado de adulterar documentos vinculados a obras para el Mundial 2014 y de esta manera desviar fondos por 400 millones de dólares (cerca de 300 millones de euros).
Esta dimisión se une a la de su par de Deportes, Orlando Silva, hace un mes, y aumenta las dudas sobre la capacidad de Brasil de acoger la cita mundial de fútbol en 2014. Existen importantes discordancias entre la FIFA y el Gobierno del país en cuanto a la celebración de este campeonato mundial. Principalmente, el problema esta en la duda de si la principal economía sudamericana será capaz de tener construidas todas las estructuras necesarias para que se lleve a cabo el campeonato.
También el poder legislativo del Estado brasileño se ha visto envuelto en una trama de corrupción. El patrimonio de 62 jueces brasileños está siendo investigado por la Policía Federal, el Banco Central y el Consejo de Control de Actividades Financieras, al ser sospechosos de venta de sentencias.
Según el diario brasileño ‘Folha de São Paulo’, más de medio centenar de jueces del país están siendo investigados por haber vendido sentencias para enriquecerse personalmente. Pero esto no afectaría sólo a sus personas, sino que también están bajo sospechas, sus familiares y amigos que podrían ser cómplices de esta trama jurídica que se encargaba de absolver bajo precio a políticos acusados de corrupción.
De esta forma, militares, jueces y políticos están metidos en el mismo saco en Brasil. Todos se han visto salpicados por tramas de corrupción y nadie se ha escapado de la férrea política llevada a cabo por Rousseff.
