El presidente peruano, Ollanta Humala, a través del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha anunciado que esta semana se publicará una norma que permitirá acelerar el proceso de regularización de la minería y que se tomarán las medidas correctivas necesarias para evitar accidentes como el de los nueve mineros en Ica. El presidente peruano, Ollanta Humala, a través del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, ha anunciado que esta semana se publicará una norma que permitirá acelerar el proceso de regularización de la minería y que se tomarán las medidas correctivas necesarias para evitar accidentes como el de los nueve mineros en Ica.
El derrumbe ocurrido el 5 de abril en esta mina informal en Perú, que mantuvo a nueve trabajadores atrapados durante seis días, ha sacado a la luz la realidad de un sector que es el motor de la economía del país pero que ocupa a unas 450.000 personas de forma irregular, ‘informal’, según denuncia la prensa local.
El Gobierno peruano es consciente de las dificultades de poner en orden esta actividad. “Uno de los problemas que afrontamos es que no tenemos un registro de los mineros informales ni tenemos información sobre los accidentes que puedan ocurrir, si hay fallecidos o no”, reconoció Jorge Merino. Pero el ministro alertó que el accidente de la mina de Ica, a pesar de que ha concluido con satisfacción y se ha rescatado a todos los mineros atrapados, ha sido una llamada de atención y “debe servir como un símbolo de la formalización” que “abarcara todos los lugares donde existe esa actividad”.
Igualmente, Merino señaló que el registro de los titulares de minas abandonadas debe estar actualizado para que el Estado proceda a clausurarlas. “Siempre una mina que es abandonada es motivo para que vayan los informales, como sucedió en Ica”, afirmó
Además, el titular de Energía y Minas del Gobierno de Perú adelantó que la normativa se completara con una alianza con el sector privado para implementar un plan nacional de capacitación y un plan nacional de emergencia para casos como el ocurrido en Ica.
Finalmente, el ministro planteó que el diálogo de la comunidad con una empresa minera no solamente tenga lugar durante la evaluación de un proyecto, sino también durante la etapa de su ejecución. “Es decir, que la participación de las comunidades en los temas ambientales debe darse en toda la vida del proyecto”, puntualizó.
Las cifras de la minería ilegal en Perú son elocuentes. Según la web Peru21, el sector agrupa a más de 450.000 personas en 21 regiones del país, mueve un promedio de 2.000 millones de dólares al año y deja de pagar impuestos al Estado por otros 600 millones de dólares. Además de generar problemas sociales de prostitución, trata de personas y corrupción.
