El desembarco de Pemex en Repsol, una operación llena de incógnitas

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Desde que hiciera efectiva la compra del 4,6% de Repsol por parte de Pemex, los problemas no dejan de surgir. A los reparos de varios partidos de la izquierda mexicana en relación al excesivo endeudamiento de la petrolera nacional, se suma ahora una más que posible investigación de la Comisión Nacional de Energía española, que podría echar por tierra la operación. Desde que hiciera efectiva la compra del 4,6% de Repsol por parte de Pemex, los problemas no dejan de surgir. A los reparos de varios partidos de la izquierda mexicana en relación al excesivo endeudamiento de la petrolera nacional, se suma ahora una más que posible investigación de la Comisión Nacional de Energía española, que podría echar por tierra la operación.

No son pocos los que parecen empeñados en que la compra de acciones de Pemex en Repsol no tenga un final tranquilo que, con toda probabilidad, la petrolera mexicana esperaba. Es el caso de la dirección de la petrolera española, encabezada desde hace años por Antonio Brufau, que ha solicitado al Gobierno de Rodríguez Zapatero que revise el acuerdo entre Sacyr y Pemex. De esa revisión, que podría determinar que Pemex, como competidor directo de Repsol, infringe, por su calidad de empresa estatal, los límites de la competencia leal, podría depender la presidencia de Brufau.

Sin embargo, el director general de Repsol no parará ahí. Desde que se conoció la operación, busca apoyos entre el pequeño accionariado, que puede determinar su mantenimiento en el cargo, y cuida los de CaixaBank. Pero Brufau no es único que está poniendo su empeño en que la operación no llegue a buen puerto. A finales de semana, algunos partidos de izquierda han reclamado en el Senado, y solicitado un informe, que se aclare el modo en que Pemex ha financiado las compras.

Algunos senadores, principalmente vinculados a partidos de izquierda, consideran que este endeudamiento es ilegal. Es la opinión de Pablo Gómez, senador del PRD, que sostiene que la “el anuncio (de la adquisición) genera serias dudas respecto de la legalidad de la operación de deuda pública externa”. En la misma línea se expresaron Ricardo Monreal Ávila, del PT, que considera que la compra del 4,6% de las acciones de la compañía española se realizó “fuera de la rendición de cuentas del Estado mexicano”, o Francisco Labastida Ochoa del PRI, que aseguró que “el Senado no puede dejar pasar este tipo de operaciones espontáneas, ni mucho menos con la acumulación de deuda para el pueblo de México sin que se haya revisado”.

El secretario de Hacienda y Crédito Público mexicano, Ernesto Cordero Arroyo, deberá entregar dicho informe en el plazo de cinco días hábiles. Según ha trascendido, el monto de la operación asciende a 1.700 millones de dólares, 1.190 de los cuales devendrían de créditos solicitados por la petrolera estatal mexicana a diferentes entidades. Y aquí entra otro de esos extraños juego financieros que complican cualquier operación, la participación de Carlos Slim como prestatario.

Tal y como informó Pemex, sin especificar montos, el Grupo Financiero Inbursa, propiedad del multimillonario mexicano, está entre los que han financiado la operación. Entre los accionistas de Repsol figura la entidad financiera Caixabank, de la que Carlos Slim posee el 11.7% de las acciones, y con ello el derecho a dos lugares en su consejo de administración. A su vez, Caixabank, por medio de su subsidiaria en México, Criteria, posee el 20% de las acciones de Inbursa, y por tanto cuando menos tres lugares en el Consejo de Administración del banco mexicano.

La entrega de dinero a Pemex por parte de Inbursa supone un evidente conflicto de intereses para Caixabank así como para Slim, al que se ha acusado de practicar un doble juego. Pero la financiera se defiende. “Pemex puede usar el dinero de la línea de crédito en lo que quieran” asegura un ejecutivo de la entidad. Y es que los cálculos de poder, cuando está en juego una cuantioso beneficio como el que obtendrá Inbursa con los intereses del crédito, parecen no tener tanto importancia.

Por otra parte, tanto el Gobierno argentino como el español han manejan sus duda en relación a la operación que podría llevar a Pemex y Sacyr a la presidencia. Mientras que el ministro de Industria ibérico pidió garantías de que se mantendrá la españolidad de la empresa, el ejecutivo de Cristina Fernández se ha mostrado mucho más contundente. De la mano del ministro de Planificación, Julio de Vido, ha mostrado sus dudas por lo que la operación pueda provocar en YPF. El político recordaba a las partes que “tenemos el poder de veto» ante cualquier cambio institucional dentro de la empresa, una especie de apoyo a Antonio Brufau que se justifica en la defensa de los intereses argentinos dentro de la filial argentina de Repsol.

La guerra entre el actual Consejo de Administración de Repsol y quienes quieren asaltarlo está declarada y es abierta. Todos los campos son validos para presentar batalla, algo que está ensuciando la imagen de la petrolera, algo que sin embargo y según los analistas, puede ser beneficioso para aumentar el valor de las acciones de la petrolera. Está por ver. La próximas semanas, sin lugar a dudas, estarán sembradas de rumores y acciones diversas que habrá que seguir con atención.

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