Crece la indignación en México por el supuesto maltrato de España a Pemex

Los obstáculos que ha encontrado Pemex para asaltar Repsol han tenido una consecuencia casi inédita entre la clase política mexicana. Los senadores de los principales partidos, PAN, PRD y PRI, se han unido para criticar las trabas, que en su opinión, ha puesto España a la empresa mexicana. Los obstáculos que ha encontrado Pemex para asaltar Repsol han tenido una consecuencia casi inédita entre la clase política mexicana. Los senadores de los principales partidos, PAN, PRD y PRI, se han unido para criticar las trabas, que en su opinión, ha puesto España a la empresa mexicana.

El presidente del Senado, el derechista José González Morfín, considera que existe un “celo injustificado” en ciertos sectores del Gobierno español por la participación de la estatal mexicana en el capital social de Repsol, que ha pasado del 4,6% al 9,4%. “Es jurídicamente defendible la decisión que tomó Pemex”, ha añadido.

A la izquierda, el senador priista Francisco Labastida Ochoa ha recomendado que Pemex acuda a los tribunales para defender sus derechos y acabar con “actitudes entreguistas”.

Todavía más a la izquierda, el líder del PRD en el Senado, Carlos Navarrete, ha criticado que “los españoles son muy buenos para venir a invertir a México”, pero ahora Repsol reacciona “como si la estuviéramos invadiendo o cometiendo una grave ilegalidad”. En este sentido, ha asegurado que confía en que el Gobierno de Felipe Calderón (PAN) respalde a la empresa propiedad del Estado.

Pero aún más duras han sido las declaraciones del presidente de la Comisión de Energía, Francisco Labastida (PRI), que ha comparado a la cúpula directiva de la petrolera española con “virreyes y señores de la Gran Conquista”. “Es una actitud discriminatoria, hasta racista, en donde no puede ser que los mexicanos puedan tener más de un 5% de participación, me parece de un racismo inadmisible”, ha asegurado Labastida, que fue candidato a la presidencia de México en 2000. Además, ha pedido al Gobierno federal que haga una reflexión acerca de su actitud de “entreguismo”

Las críticas de la izquierda a los sectores empresariales y políticos españoles, iban dirigidas hace apenas un mes a la operación en sí. El Senado, a demanda de miembros del PRD, PRI y PT, solicitó un informe para aclarar el fuerte endeudamiento que ha supuesto para el Estado mexicano la compra de un 4,8% adicional en el capital de Repsol (unos 1.600 millones de dólares, de los que el 70% han sido financiados por entidades como Inbursa, de Carlos Slim).

Algunos senadores, principalmente vinculados a partidos de izquierda, consideraron que este endeudamiento es ilegal. Es la opinión de Pablo Gómez, senador del PRD, que sostuvo que la adquisición generaba serias dudas respecto de la legalidad de la operación de deuda pública externa”. En la misma línea se expresó Ricardo Monreal Ávila, del PT, que apuntó que la compra de las acciones de la compañía española se realizó “fuera de la rendición de cuentas del Estado mexicano”.

Unos días después la prensa publicó un informe interno de Pemex denominado Contexto del aumento de participación de Pemex en Repsol en el que detallaba como la compañía mexicana, aliada con Sacyr, prevé canalizar suministros del petróleo que extrae la petrolera española en países como Ecuador hacia refinerías mexicanas y también intercambiar petróleo mexicano por ruso en las refinerías. Además, reconoce que obtener una posición de igual peso en una compañía similar a Repsol le costaría entre seis y 20 veces más de los 1.600 millones de dólares invertidos en alcanzar el 9,8%.

Lo cierto es que por ahora el Gobierno español ha preferido mantenerse al margen de una operación que en todo momento ha calificado de “empresarial”. Tan sólo han sido algunas voces de la oposición, como las del portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, quien afirmó que no le gustaba que empresas extranjeras controlaran compañías estratégicas españolas.

Incluso ayer, el consejo de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) decidió mantenerse al margen y no poner trabas a la operación, a pesar de que Repsol controla un 30% de Gas Natural.

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