De nuevo, la polémica en torno a la construcción de presas, para proveer de electricidad el crecimiento de la sociedad, surge en un país de Sudamérica. En este caso, Colombia, cuya empresa estatal hidroeléctrica, Urrá, mantiene un contencioso con los indígenas del departamento de Córdoba, cuyas tierras fueron anegadas para levantar una presa. La razón del conflicto está en que el Consejo de Estado se encuentra en estos momentos revisando un proyecto con el que Urrá desea ampliar su presencia en la zona, lo que ha generado la oposición de los indígenas. Colombia ya tiene su HidroAysén. De nuevo, la polémica en torno a la construcción de presas, para proveer de electricidad el crecimiento de la sociedad, surge en un país de Sudamérica. En este caso, Colombia, cuya empresa estatal hidroeléctrica, Urrá, mantiene un contencioso con los indígenas del departamento de Córdoba, cuyas tierras fueron anegadas para levantar una presa. La razón del conflicto está en que el Consejo de Estado se encuentra en estos momentos revisando un proyecto con el que Urrá desea ampliar su presencia en la zona, lo que ha generado la oposición de los indígenas. Colombia ya tiene su HidroAysén.
El presidente colombiano, José Manuel Santos, se ha mostrado desde el inicio de su mandato muy a favor de convertir a Colombia en un país que genere suficiente energía para autoabastecerse y también para poder obtener ingresos con su venta a otros países de la zona. De ahí que Urrá busque ampliar su proyecto para generar más electricidad.
El embalse de Urrá I comenzó a operar en el año 2000, y los indígenas de la zona, la comunidad embera, denuncian que el impacto sobre su forma de vida y sobre su tierra ha sido devastador. Al levantarse la central fueron inundadas 7.780 hectáreas, de las que 417 formaban parte del lugar donde habitan los embera, en el Parque Nacional Paramillo, lo que provocó que 589 familias campesinas tuvieron que ser realojadas ya que su lugar de vida fue ocupado por las aguas.
Urrá I otorga a Colombia el 2% de su electricidad total. Sin embargo, el impacto sobre la fauna, flora y comunidades humanas ha sido muy acusado. Desde entonces la empresa se ha esforzado en poner en marcha planes para contentar a los indígenas, desde cursos de formación a la implementación de sistemas de transporte o cuidado de las especies que habitan la zona, lo que no ha evitado que la Corte Constitucional obligara a la empresa estatal a indemnizar a 4.735 indígenas que sufrieron las consecuencias de su puesta en marcha.
Ahora, el hecho de que la estatal quiera poner en marcha el proyecto Río Sinú, o Urrá II ha disparado las alarmas entre los indígenas, que se oponen a ello. El Ministerio de Medio Ambiente ya había dicho no al proyecto, que inundaría 53.000 hectáreas, pero el Consejo de Estado se encuentra actualmente revisando dicha decisión.
Y es que Sudamérica vive en estos momentos un fuerte proceso de crecimiento que está creando tensiones acusadas en el plano medioambiental. Chile y Brasil, auténticos motores del cambio económico en la región, son dos ejemplos paradigmáticos del difícil equilibrio que reina entre la protección de la naturaleza, objetivo deseable y sancionado en diversos tratados internacionales, y las exigencias energéticas cada vez mayores que el crecimiento de sus sociedades requiere.
Así, ambas naciones se enfrentan a ecologistas y ciudadanos por la construcción de sendas presas, una en el Amazonas y otra en la Patagonia, que sus gobiernos defienden como absolutamente necesarias para surtir de electricidad a los países. Algo que puede ocurrir también en Colombia.
