Los hombres mejor pagados de Washington, que trabajan para el lobby financiero han vuelto a ganarse el sueldo, al haber conseguido convertir la nueva legislación bancaria anunciada por el presidente de EEUU, Barack Obama, hace casi dos años, en un nutrido tomo de 2.323 folios que sólo podrá ser desarrollado por completo tras la aprobación de 243 reglamentos y el registro de los dictámenes de 67 Comisiones de Estudio que sólo tras la sanción presidencial pueden empezar a diseñarse. Los hombres mejor pagados de Washington, que trabajan para el lobby financiero han vuelto a ganarse el sueldo, al haber conseguido convertir la nueva legislación bancaria anunciada por el presidente de EEUU, Barack Obama, hace casi dos años, en un nutrido tomo de 2.323 folios que sólo podrá ser desarrollado por completo tras la aprobación de 243 reglamentos y el registro de los dictámenes de 67 Comisiones de Estudio que sólo tras la sanción presidencial pueden empezar a diseñarse.
Esta cantidad, más que triplica las actuaciones que incluyó en su lanzamiento la famosa Ley Sarbaness-Oxley, pensada para revolucionar la gobernanza empresarial y la transparencia tras el impacto de los ‘casos’ Enron y WorldCom . Un texto que se convirtió en papel mojado sin llegar a entrar en vigor.
En cualquier caso, la Ley Obama , que ya ha sido bautizada para la eternidad como ‘Dodd-Barney’ acaba de superar una nueva barrera más en su duro camino parlamentario hacia el despacho oval, tras pasar en la tarde del jueves con 60 votos a favor y 39 en contra la segunda votación del Senado tras su paso por la Comisión Bicameral de Armonización. Circunstancia que acerca más el momento en que pueda ser firmada por por el inquilino de la Casa Blanca, y quizá convertirse en ‘la mayor reforma financiera desde la Gran Depresión’, según el titular recurrente que, como un estribillo machacón, puede leerse en la prensa, inclida la española, cada vez que el texto avanza un paso.
Lo que se lee en los blogs, sin embargo, es muy distinto, en ellos se habla del ‘segundo mayor fiasco legislativo de la historia’ y proliferan la comparaciones con las Sarbaness-Oxley con las que arrancabámos este artículo y las felicitaciones a los estrategas del ejército de protección de la gran banca estadounidense.
El caso es que, incluso, si Obama, por fin, la próxima semana se hace la tradicional foto de la firma y vuelven a sonar las campanas que anuncian el enésimo hito histórico, los gestores de los bancos no van a tener que apresurarse. En el mejor de los casos disponen de un plazo mínimo de dos años para que, en realidad, las obligaciones derivadas del texto se puedan convertir en unos reglamentos aplicables y de obligado cumplimiento.
Normas que establecerán, en teoría límites al tamaño de los grandes bancos y su relación con los ‘hedges’, la llamada Volcker Rule, en honor de Paul Volcker, un notable ex-presidente de la FED que asesora a Obama. O la nuevas reglas de transparencia y negociación sobre los derivados, o el aumento del poder de los accionistas a la hora de decidir sobre la aprobación del sueldo de los altos ejecutivos y las normas de gobierno corporativo de las empresas. Y todo eso está en la Dodd-Barney. Pero no está todavía.
Pero el lobby financiero de Washington que tiene ya mucha práctica a la hora de desactivar reformas legales. Se estrenó, ya lo hemos dicho, en circunstancias muy difíciles con la Ley Sarbaness-Oxley, una gran reforma del capitalismo que pretendía acabar con los desmanes en cadena cometidos en el último tramo del siglo XX, casos tan famosos con los ‘fraudes’ de Enron, o Worldcom, prodigios de contabilidad creativa y del uso y abuso de los productos derivados para convertir pérdidas en beneficios y generar subidas de la cotización en Bolsa.
La magnitud del fraude hizo pensar a muchos que no se repetiría jamás. Sin embargo, sólo siete años después llegó la versión corregida y aumentada, la gran crisis bancaria, la subprime la caída de Lehman y todo lo demás. Sin que la durísima Ley Sarbaness-Oxley sirviera para evitarlo.
Al menos para algunos ‘bloggeros’, ese fracaso estaba cantado. El sistema consiste en multiplicar exponencialmente el número de reglamentos que cuelgan de la Ley para que todo se complique y las negociaciones finales, las que de verdad afectarán al día a día de las empresas afectadas por las regulaciones, se eternicen.
En total son 243. También lo hemos dicho ya. Y afectan a muchos ámbitos fundamentales del desarrollo efectivo. A las agencias de rating, a los fondos de alto riesgo, al capital privado, al futuro de la industria de los derivados cuyo volumen, según las últimas estimaciones, aún se sitúa en 450 billones de dólares, cerca de 420 veces el PIB español de un año. Algunos de estos reglamentos tienen atribuidos los organismos encargados de su redacción. La SEC debe encargarse de 95 y la FED de 54. Quedan otros 94.
Pero esto no es lo único. La negociación, plagada de puntos negros, sólo ha podido completarse, tras apartar del tablero 67 cuestiones controvertidas, que se han resuelto sencillamente con un aplazamiento de cualquier intento de legislar sobre ellas. El esquema, también típico en el parlamentarismo estadounidense, es aprobar la creación de una Comisión de Estudio, cuyo tiempo de vigencia suele depender de la decisión del organismo encargado de su puesta en marcha.
Entre estas comisiones habrá una, en principio formada por expertos seleccionados por la SEC, que analizará la posibilidad de establecer un Consejo de Supervisión, formado por prestigiosos independientes con experiencia en la Industria de la Inversión que tendrán potestad para detectar conflictos de intereses entre las agencias de calificación de solvencia y los emisores de productos estructurados y complejos, como las ‘subprime’. Otro Comité emitirá recomendaciones sobre un posible endurecimiento de las reglas que tendría que aplicarse a los gestores de carteras.
Hay más cuestiones controvertidas sobre las que no se han adoptado resoluciones, como por ejemplo, la imposición de nuevos requerimientos míninos de capital.En el asunto de los nuevos ratios de capital, como en otros de máxima importancia se ha habilitado al nuevo Consejo Superior de Reguladores, creado por la Ley y que dominará la Reserva Federal, para tomar esa decisión, cuando estime oportuno. En este asunto se ha impuesto el criterio del ala conservadora del Partido Demócrata que defendía la imposibilidad de establecer una desventaja competitiva en el sector, una vez que Europa había optado por no aprobar un acuerdo global de mínimos en este asunto en el último G20 de Toronto. Ahora, la cuestión se aplaza, como mínimo, hasta el próximo mes de noviembre, fecha en la que se celebrára otra reunión de este gobierno económico mundial en la ciudad coreana de Seúl. Hay más asuntos pendientes de esta reunión y sobre los que también tiene que decidir el Comité.
Por ejemplo, la parte final y pormenorizada de que derivados podrán negociarse en mercados no regulados y el formato del registro de estos productos que, en principio, se fija en el texto. Eso sí, con muchas salvedades ante el temor de que estas operaciones se trasladen a zonas más permisivas.
El Consejo decidirá también cómo y cuando se aplican otros requerimientos del texto. Entre ellos si se admite o no que los bancos puedan lanzar fondos de cobertura si su participación inicial no supera el 20% y queda reducida al 3% en el plazo de un año. O si se mantiene como cifra inamovible la limitación del 10% del total de los activos de crédito del país, como tamaño máximo de la cartera de créditos de cualquier entidad. También si la prohibición de que los bancos de inversión puedan operar por cuenta propia se extiende o no a las ‘operaciones que realicen para cubrir posiciones de cartera’, circunstancia que en la práctica invalidaría la propia prohibición.
Tampoco hay ya referencias concretas al supuesto fondo anticrisis de 150.000 millones que debía ser nutrido por los bancos para evitar que los contribuyentes tengan que cargar con nuevos rescates bancarios.
Sin embargo, no todo se demorará tanto. Lo que sí estará disponible y vigente la próxima semana, en el mismo momento en que Obama firme, serán los 23.000 millones incluidos para medidas de estímulo económico. Un dinero que se distribuye en tres fondos, uno de 19.000 millones para apoyar a las familias al borde del deshaucio, otro de 3.000 para apoyar a los parados de larga duración y otro de 1.000 millones para que las administraciones locales rehabiliten propiedades de la comunidad que luego se alquilaran a precio subvencionado.
También arrancará la creación de la Oficina de Protección al Consumidor Financiero, que tampoco estará lista antes de seis meses. y, además, ha perdido parte del contenido con el que iba a nacer. Sí regulará y supervisará los créditos hipotecarios y los créditos al consumo, pero no lo hará en el caso de los préstamos al consumo.
