En un duro revés para las políticas migratorias del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el juez federal Fernando Rodriguez, del Distrito Sur de Texas, ha sentenciado que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar deportaciones en marzo de este año carece de base legal. La resolución es particularmente llamativa, ya que el propio Trump eligió a Rodriguez para el cargo.
La administración Trump deportó a más de 200 ciudadanos venezolanos argumentando presuntos vínculos con la banda criminal Tren de Aragua, considerada organización terrorista. Para ello invocó una ley de 1798, concebida para conflictos bélicos, que permitía al Ejecutivo expulsar a ciudadanos de países enemigos sin juicio previo.
“La Administración no tiene la autoridad legal para efectuar detenciones y expulsiones como las de marzo”, concluye el fallo
El juez: “Trump no puede actuar de forma unilateral”
En su fallo, Rodriguez sostuvo que la Casa Blanca no puede invocar esta norma de forma unilateral, sin supervisión del Congreso o de los tribunales, pues ello pondría en riesgo el sistema de contrapesos que rige el gobierno de EEUU. Además, subrayó que no existía un estado de guerra ni declaración formal que justificara el uso de dicha ley.
Este pronunciamiento judicial representa la primera sentencia de fondo sobre este caso, que ya había generado múltiples litigios y había escalado hasta el Tribunal Supremo.
Este fallo judicial sienta un precedente clave en la lucha contra los abusos del poder ejecutivo en materia migratoria.
Una ley casi olvidada y un precedente peligroso
La Ley de Enemigos Extranjeros solo ha sido utilizada tres veces en la historia de EEUU, siendo la más reciente durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos estadounidenses de origen japonés. El intento de Trump de revivirla para controlar la inmigración ha encendido las alarmas en organizaciones defensoras de derechos humanos.
La defensa del expresidente ha insistido en que su actuación se justificaba por los riesgos a la seguridad nacional, al vincular a los migrantes con el crimen organizado internacional.
