La resolución responde a una demanda colectiva presentada por extranjeros afectados por este procedimiento.
La decisión judicial introduce nuevas garantías procesales antes de ejecutar expulsiones fuera del país de origen del afectado y reabre el debate jurídico sobre el alcance de la autoridad migratoria federal.
El tribunal considera ilegal la deportación a terceros países sin aviso ni posibilidad de defensa previa
El fallo del juez Brian Murphy
El juez de distrito de Massachusetts Brian Murphy ha considerado que la política de deportación a terceros países aplicada por el Departamento de Seguridad Nacional es contraria a la ley y ha ordenado dejarla sin efecto.
La demanda colectiva sostenía que los afectados eran trasladados a países distintos al suyo sin notificación significativa ni oportunidad real de impugnar la decisión.
La sentencia obliga a notificar previamente y permitir reclamaciones específicas por país antes de ejecutar la expulsión
Nuevos requisitos antes de una expulsión
El magistrado establece que, antes de proceder a una expulsión hacia un tercer país, el Gobierno debe solicitar primero la deportación al país designado por el individuo o a los países alternativos que este especifique, así como al país o países de ciudadanía.
Además, los individuos que afronten una expulsión tienen derecho a una notificación previa significativa y a presentar una reclamación específica contra el país propuesto para su traslado.
El tribunal entiende que la práctica anulada vulneraba garantías procedimentales básicas al impedir que los afectados conocieran con antelación el destino definitivo de su expulsión.
La aplicación del fallo queda suspendida quince días ante la previsible apelación del Gobierno
Suspensión temporal y respuesta de la Administración
La sentencia queda suspendida durante quince días para permitir la presentación de recursos, algo que el Departamento de Seguridad Nacional ya ha anticipado.
En declaraciones recogidas por la cadena CBS, la Administración de Donald Trump ha defendido su autoridad constitucional para expulsar a inmigrantes en situación irregular y enviarlos a países dispuestos a aceptarlos, en lo que considera una cuestión de seguridad nacional.
El departamento ha recordado que el Tribunal Supremo ya emitió previamente dos suspensiones de emergencia contra decisiones del mismo juez en este caso y ha mostrado su confianza en que volverá a respaldar su postura.
La resolución reabre el debate jurídico sobre los límites de la política migratoria federal y el alcance de las garantías procesales en las deportaciones internacionales.
