La batalla judicial añade presión sobre la política energética de la Administración Trump y amenaza con convertirse en un caso de referencia para el futuro de la energía eólica marina en EEUU. Los demandantes sostienen que el Gobierno federal utilizó mecanismos excepcionales para revertir decisiones adoptadas durante la presidencia de Joe Biden y favorecer inversiones ligadas a los combustibles fósiles.
La demanda busca anular el acuerdo alcanzado entre Washington y TotalEnergies para sustituir proyectos eólicos por inversiones en gas y petróleo
TotalEnergies abandona dos parques eólicos adjudicados durante la era Biden
El acuerdo objeto de la demanda afecta a los proyectos Carolina Long Bay y New York Bight, dos desarrollos de energía eólica marina adjudicados en 2022 a TotalEnergies y sus socios durante la presidencia de Joe Biden.
Carolina Long Bay estaba situado frente a las costas de Carolina del Norte y Carolina del Sur, mientras que New York Bight se encontraba entre Long Island y la costa de Nueva Jersey.
A cambio de abandonar ambos proyectos, la energética francesa acordó invertir 928 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 809 millones de euros, en una planta de gas natural licuado (GNL) en Texas, actividades de exploración petrolera en el Golfo de México y producción de gas de esquisto.
| Operación incluida en el acuerdo | Importe o alcance |
|---|---|
| Inversión total comprometida por TotalEnergies | 928 millones de dólares |
| Equivalencia aproximada | 809 millones de euros |
| Proyectos eólicos cancelados | 2 |
| Estados implicados en la demanda | 7 |
Además, la compañía se comprometió a no impulsar nuevos proyectos de energía eólica en EEUU dentro del marco de este acuerdo.
Los fiscales denuncian un uso indebido de fondos federales
La coalición de estados sostiene que el Departamento de Interior utilizó argumentos relacionados con la seguridad nacional para justificar la cancelación de unos arrendamientos que ya habían sido aprobados tras años de evaluaciones técnicas y medioambientales.
Los demandantes también cuestionan el origen de los fondos empleados para compensar a la empresa, al considerar que procedían de partidas reservadas para litigios en curso o previsibles contra el Gobierno federal.
Según la demanda, estas actuaciones podrían vulnerar varias disposiciones de la legislación federal estadounidense.
Los estados consideran que la Administración utilizó recursos públicos destinados a litigios para financiar la compensación acordada con la energética francesa
La acción judicial ha sido presentada por los estados de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Maine y Vermont, todos ellos gobernados por ejecutivos demócratas.
Los estados alertan del impacto sobre el empleo y la red eléctrica
Los fiscales argumentan que la cancelación de los proyectos eólicos tendrá consecuencias económicas directas para sus territorios. Entre ellas destacan la pérdida de inversiones previstas, la reducción de oportunidades laborales y el retraso de infraestructuras necesarias para atender el aumento de la demanda eléctrica.
Nueva York era uno de los principales beneficiarios de los proyectos cancelados, que formaban parte de sus planes para ampliar la generación de electricidad renovable y avanzar en sus objetivos de reducción de emisiones.
| Estados demandantes |
|---|
| Nueva York |
| Connecticut |
| Nueva Jersey |
| Massachusetts |
| Rhode Island |
| Maine |
| Vermont |
Los responsables de la demanda consideran que el acuerdo compromete la transición energética de la región y dificulta el cumplimiento de metas climáticas ya aprobadas por distintos gobiernos estatales.
Los estados del noreste aseguran que la decisión perjudica la creación de empleo, la seguridad energética y la planificación climática regional
La demanda se suma a otros acuerdos similares impulsados por Trump
La coalición recuerda que la Administración Trump ha intentado en varias ocasiones limitar el desarrollo de la energía eólica marina desde su regreso a la Casa Blanca.
Algunas de esas iniciativas fueron paralizadas posteriormente por los tribunales federales. Los estados consideran que el acuerdo con TotalEnergies forma parte de una estrategia más amplia para favorecer inversiones en combustibles fósiles frente a las energías renovables.
Según publicó recientemente The New York Times, Washington habría alcanzado acuerdos similares con otras compañías energéticas para cancelar proyectos eólicos en las áreas de Nueva York-Nueva Jersey y California y redirigir alrededor de 900 millones de dólares hacia inversiones relacionadas con el petróleo y el gas.
La resolución judicial de este caso podría determinar el alcance de la capacidad del Gobierno federal para modificar concesiones energéticas aprobadas por administraciones anteriores y marcar el futuro de la energía eólica marina en EEUU.
