La relatora especial sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Mary Lawlor, ha celebrado este lunes la decisión de México de ratificar el «innovador» Acuerdo de Escazú y ha hecho un llamamiento a las autoridades mexicanas a «reforzar la seguridad de las personas defensoras de los Derechos Humanos«.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió al Senado el tratado y se espera que sea ratificado en los próximos meses.
Esta ratificación «sería una muestra importante del compromiso de México con los defensores de los derechos humanos que, junto con los periodistas, afrontan altos niveles de violencia en el país», ha señalado la experta en un comunicado emitido por la ONU.
Sin embargo, ha pedido que México vaya un paso más allá, y ha alentado al Gobierno a que «continúe adoptando medidas adicionales para crear un entorno seguro y propicio en el país».
Esta decisión «refleja la responsabilidad de México con el medio ambiente y el reconocimiento a quienes lo protegen», ha destacado Lawlor, quien también ha solicitado al Gobierno «asegurar que las reformas legales, fiscales y políticas ahora en curso también refuercen la protección de quienes defienden los Derechos Humanos».
En este sentido, ha instado al Gobierno de López Obrador a otorgar los fondos y recursos adecuados al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas –aprobado en el Congreso en 2012–, ya que «de ello puede depender la vida» de los defensores, incluidos los activistas medioambientales.
Lawlor también ha solicitado que «se escuche su voz» en cualquier decisión relacionada con políticas que «afecten su integridad y capacidad de continuar su trabajo».
Naciones Unidas documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de Derechos Humanos y 10 periodistas, y la desaparición de dos defensores en México en 2019, mientras que en lo que va del año ha documentado el asesinato de siete personas defensoras de derechos humanos, y cuatro periodistas.
El Acuerdo de Escazú es un tratado regional sobre el medioambiente firmado por 24 países, considerado el primer gran pacto medioambiental de América Latina y promovido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el que se incluyen preceptos como el derecho a un medioambiente sano y garantías para la protección de las personas defensoras del medioambiente.
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