La ministra de Exteriores de Bolivia, Karen Longaric
La ministra de Exteriores interina de Bolivia, Karen Longaric, ha emplazado al nuevo Gobierno que se forme tras las elecciones de este domingo a decidir sobre la situación de los exfuncionarios de la Administración del expresidente Evo Morales que permanecen en la embajada de México en el país desde noviembre de 2019.
«El próximo Gobierno determinará si respeta los mandamientos de apremio que se extendieron contra esas personas o los libera de responsabilidad», ha detallado Longaric este lunes en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia ABI.
Los sondeos a pie de urna tras los comicios de este domingo conceden al MAS de Evo Morales, ahora de la mano de Luis Arce, una holgada victoria con más del 50 por ciento de los votos, situando a Comunidad Ciudadana (CC), el partido de Mesa, con poco más del 30 por ciento. La tercera fuerza sería Creemos, de Luis Fernando Camacho, con alrededor del 14 por ciento.
Actualmente, siete exministros y exfuncionarios se encuentran acogidos por la embajada de México desde la crisis que estalló tras las elecciones en 2019.
En noviembre de ese año, la Fiscalía emitió una orden de detención contra el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana por delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y otros, así como de la exministra de Cultura Wilma Alanoca por cargos de presunta manipulación del recuento de votos de las elecciones del 20 de octubre.
En la sede diplomática de México en La Paz, también de encuentran el exministro de Justicia Héctor Arce, de Defensa Javier Zavaleta, de Gobierno Hugo Moldiz, el exgobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez y el exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) Nicolás Laguna.
Longaric ha añadido que se encuentra a la espera de los resultados finales del cómputo oficial de los comicios, que «deben ser respetados por el pueblo, los partidos políticos y las instituciones».
La acogida por parte de la Embajada mexicana de los exfuncionarios generó tensiones entre el Ejecutivo interino boliviano y el Gobierno mexicano, así como una crisis diplomática con España, después de que se ordenara la expulsión de varios diplomáticos españoles de Bolivia y se acusara a España de conspirar con México para «extraer criminales y delincuentes».
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