Imagen de las protestas y bloqueos por la Ley Agraria en Perú - EL COMERCIO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO
«En diciembre, durante la crisis política que siguió a la destitución del expresidente Pedro Castillo, estallaron protestas en varias regiones y aumentó la violencia en el país. En varios casos, la respuesta de las autoridades a las protestas se tradujo en violaciones de derechos humanos, incluido el uso ilegítimo de la fuerza», establece el informe global de la organización.
Según dijo la directora de Amnistía, Erika Guevara Rosas, en la presentación del informe las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva letal con un sesgo racista contra la población indígena y campesina.
A principios de diciembre, el Congreso destituyó a Castillo luego de un intento del entonces presidente de disolver al Legislativo en medio de un enfrentamiento que se arrastró por meses.
Tras la destitución, miles de personas salieron a las calles a protestar contra la nueva administración asumida por Dina Boluarte y en muchos casos las manifestaciones se volvieron violentas.
Guevara dijo que desde el inicio de la crisis «murieron 49 personas por represión estatal y centenares resultaron heridas».
Castillo fue luego detenido, acusado de traición y permanece en prisión mientras enfrenta procesos ante la justicia.
AMÉRICA LATINA
De acuerdo al informe de Amnistía, en varios países de América Latina las fuerzas de seguridad respondieron con exceso principalmente durante crisis políticas o estados de excepción.
«En las Américas, la hipocresía de los gobiernos y su doble estándar así como las respuestas insuficientes están menoscabando gravemente los derechos humanos generando crisis profundas (…) Han reprimido con brutalidad a quienes se atreven a levantar la voz contra la injusticia y las desigualdades», dijo Guevara.
Los homicidios ilegítimos cometidos por parte de las fuerzas de seguridad fueron prácticas extendidas en la región, según el informe.
«Con frecuencia se dirigían contra los barrios de ingresos bajos y población racializada en Argentina, Brasil, Colombia, Estados Unidos, México, República Dominicana y Venezuela, entre otros países», dijo Amnistía.
Añadió que las detenciones arbitrarias seguían siendo generalizadas en 2022 en Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, México, Nicaragua y Venezuela.
Con frecuencia se sometía a las personas detenidas a tortura u otros malos tratos y, en algunos casos, a desaparición forzada.
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