Protesta por los desaparecidos en México
«Nunca pensamos que podíamos lograr que la ONU iniciara una investigación. Fue muy fuerte toda la información que se le hizo saber con respecto al nulo avance y a la poca atención que el Estado mexicano le da a las desapariciones forzadas», dijo García.
El 4 de abril pasado, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, en inglés) resolvió iniciar una investigación en México, donde se desconoce el paradero de unas 127.000 personas que han sido víctimas, en su mayoría, del crimen organizado.
El presidente del CED, Olivier de Frouville, aseguró en aquel momento que «el Comité ha recibido información con indicios fundamentados de que la desaparición forzada estaría siendo practicada de manera generalizada o sistemática en los territorios bajo la jurisdicción de México».
La decisión se tomó luego de que a fines de marzo fueran encontrados restos humanos con «huellas de cremación», en el llamado Rancho Izaguirre, un sitio propiedad del cártel de narcotráfico Jalisco Nueva Generación, ubicado en el municipio Teuchitlán (centro).
El lugar, donde supuestamente fueron asesinadas y torturadas personas reclutadas a la fuerza, había sido allanado seis meses antes.
«Desgraciadamente lo del Rancho Izaguirre fue la gota que vino a derramar el vaso», consideró García, que integra la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (noreste).
Las familias de las víctimas venían reclamando una investigación al CED desde noviembre de 2021.
Este comité, integrado por 10 expertos independientes, es un órgano de la ONU que supervisa el cumplimiento de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, ratificada por México en 2008.
Las organizaciones activistas reclamaban la aplicación del artículo 34 del CED que permite que se inicie una investigación cuando haya «indicios bien fundados» de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en un Estado firmante.
García relató que entre los familiares de las víctimas no todos conocían sobre la existencia de esta disposición, y además aseguró que las autoridades políticas desalentaban la denuncia ante la ONU porque la consideraban una «medida muy extrema» para el país.
En febrero de este año una delegación de activistas de Coahuila viajó a Ginebra, Suiza, para participar del Congreso Mundial sobre Desaparición Forzada.
En esa instancia, se suministró mucha información al CED y varias personas se «atrevieron» a hablar del artículo 34, relata García.
En marzo, un miembro del CED realizó una visita informal a Ciudad de México, respondiendo a una invitación realizada por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos.
El delegado mantuvo reuniones con familiares de víctimas que le entregaron información sobre sus casos, lo que fue fundamental para que el CED resolviera iniciar una investigación el 4 abril, cuenta García.
Cinco días después, el pleno del Senado de México rechazó por mayoría la resolución del CED y exigió a su presidente «retirar las oprobiosas aseveraciones» que había realizado en contra del país norteamericano.
La Cámara Alta aseguró que Frouville «prejuzgó sin pruebas» y anunció que iba a recurrir a las más altas instancias de la ONU para «exigir la sanción correspondiente al presidente del comité».
La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, también rechazó la investigación dispuesta por el CED.
«En México no hay desaparición forzada desde el Estado, toda la vida luchamos contra eso. Eso no existe», dijo la mandataria en conferencia de prensa.
Por su parte, la cancillería mexicana emitió un comunicado en el que «rechaza las declaraciones de integrantes del CED en torno a la supuesta práctica de desaparición forzada por parte del Estado».
El Gobierno mexicano «no consiente, permite u ordena la desaparición de personas como parte de una política de Estado», expresó la cartera encabezada por Juan Ramón de la Fuente.
En respuesta, Frouville dijo que el artículo 34 del CED estipula «solicitar al Estado parte (México) toda información pertinente sobre esta situación, lo cual no prejuzga en absoluto las próximas etapas del procedimiento».
Iris García se organizó hace 15 años con otras madres, hasta reunir a unas 300 familias que reclaman por el destino de sus familiares desaparecidos.
Las madres contaron con el apoyo del Centro Diocesano para los Derechos Humanos ‘Fray Juan de Larios’, fundado en 2004 por el obispo emérito Raúl Vera.
La principal queja de los colectivos es que el Estado no ha cumplido en atender sus reclamos.
Incluso señalan que en algunos casos hay complicidad entre autoridades locales y grupos de crimen organizado para que los crímenes no sean esclarecidos.
«Es muy triste que haya 127.000 personas desaparecidas en un país democrático, que no está en guerra», lamenta la madre.
García consideró que la respuesta del Senado a la investigación del CED es «lamentable».
«En este momento no me representa ni a mí ni a las familias y hasta me avergüenza la respuesta que está dando», señaló la activista.
García afirma que la Cámara Alta no se dignó a consultar a expertos en la materia, ni a los colectivos de familiares.
También considera que las medidas implementadas por la presidenta Sheinbaum para fortalecer los mecanismos de identificación de personas desaparecidas, son insuficientes.
Según García, la mandataria debió destinar presupuesto adicional a esta materia y fortalecer las comisiones de búsqueda que se instalaron a raíz de la Ley General de Desapariciones, vigente desde 2018.
«¿De verdad piensa la presidenta que las familias somos ignorantes, que no nos informamos?», interroga.
La activista mostró su desilusión con la respuesta de Sheinbaum a la ONU.
«Creíamos que como mujer, como madre, como esposa, como hija, nos iba a entender. Pero no es así, realmente está gobernando para una clase empresarial y para un grupo político, no para atender una grave tragedia que invade a su pueblo», puntualiza.
Además, García cuestiona que el Estado no tenga responsabilidad en las desapariciones forzadas, como sí la tuvo durante la denominada «guerra sucia» de las décadas de 1960 y 1970, cuando los gobiernos reprimieron a movimientos sociales y políticos de izquierda.
«Aquellas desapariciones eran perpetradas directamente por el Estado. Ahora ocurren por aquiescencia, colusión, y corrupción estatal», responde la madre.
García señala además que el Estado es responsable por el crecimiento del crimen organizado.
El hijo de García, Daniel Cantú Iris, tenía 23 años cuando desapareció junto con el dueño de una mina de mármol en la que trabajaba y uno de los socios del contratista.
Dieciocho años después, el caso no ha sido elevado a los tribunales.
«No puedo decir que el caso va a llegar a una sentencia condenatoria, porque ni siquiera está judicializado», dijo García.
El CED enviará en las próximas semanas las peticiones oficiales de la investigación abierta.
Según el registro oficial, en 2024 hubo 13.627 personas desaparecidas, un incremento de 30 por ciento con respecto al año anterior.
Cristina Fernández de Kirchner reapareció este sábado con duras críticas al presidente Javier Milei y…
El Gobierno de Ecuador emitió este sábado un comunicado oficial titulado “La venganza de los…
En una jornada cargada de simbolismo, Venezuela conmemoró el 215 aniversario del primer grito de…
En un mensaje difundido a través de Telegram, el mandatario destacó la continuidad histórica entre…
La líder izquierdista denunció irregularidades en las actas electorales y aseguró que presentará pruebas de…
"Esta ley es grave contra la libertad de prensa no solo porque está ad portas…