El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha perdido la paciencia y ha dado un ultimátum a las petroleras extranjeras que operan en el país para que concreten la renegociación de los contratos petroleros. El mandatario ha asegurado que las firmas tienen de plazo hasta diciembre de 2010, y que en caso contrario dejarían de operar en el país latinoamericano. “Si hasta diciembre no están renegociados los contratos petroleros, pues bien, aquí está la platita, lo que han invertido y que les vaya bonito, porque no vamos a seguir esperando”, aseguró Correa en su programa de radio El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha perdido la paciencia y ha dado un ultimátum a las petroleras extranjeras que operan en el país para que concreten la renegociación de los contratos petroleros. El mandatario ha asegurado que las firmas tienen de plazo hasta diciembre de 2010, y que en caso contrario dejarían de operar en el país latinoamericano. “Si hasta diciembre no están renegociados los contratos petroleros, pues bien, aquí está la platita, lo que han invertido y que les vaya bonito, porque no vamos a seguir esperando”, aseguró Correa en su programa de radio.
Según Correa, ya ha mantenido varias reuniones con las autoridades petroleras para analizar la Reforma a la Ley de Hidrocarburos. “Se necesita una reforma legal para tener los instrumentos que nos permitan cancelar la inversión en caso de que las empresas no quieran pasar a los contratos de servicios”, manifestó.
«Aquí va a mandar el Gobierno nacional y el pueblo ecuatoriano, no las trasnacionales», recalcó Correa.
El mandatario ha señalado que si no quieran pasar a los contratos de servicios, en lugar de los de participación, vigentes actualmente, no les van a estafar, les darán lo que vale su inversión pero dejarán de trabajar con estas compañías.
En 2007, el Gobierno arrancó un proceso de renegociación para migrar de los contratos de participación, en los que se reparte el crudo extraído, por los de prestación de servicios, en los se cancela por la exploración y explotación pero la propiedad de la totalidad del recurso la mantiene el Estado.
Las compañías que deben renegociar los contratos son la española Repsol-YPF, la brasileña Petrobras, el consorcio chino Andes Petroleum, la italiana ENI, Agip Oil, así como otras 29 empresas menores.
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