El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, volvió a recordar a las petroleras extranjeras que operan en el país que deben firmar nuevos contratos bajo la normativa aprobada en julio. Correa advirtió que a aquellas empresas que no lo hagan, el Estado ecuatoriano les abonará sus inversiones y deberán dejar el país. Entre las empresas que operan en Ecuador destacan Repsol-YPF, Petrobras, Andes Petroleum, Eni y ENAP, además de dos empresas chinas que se han negado, por el momento, a avenirse a firmar. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, volvió a recordar a las petroleras extranjeras que operan en el país que deben firmar nuevos contratos bajo la normativa aprobada en julio. Correa advirtió que a aquellas empresas que no lo hagan, el Estado ecuatoriano les abonará sus inversiones y deberán dejar el país. Entre las empresas que operan en Ecuador destacan Repsol-YPF, Petrobras, Andes Petroleum, Eni y ENAP, además de dos empresas chinas que se han negado, por el momento, a avenirse a firmar.
Rafael Correa recordó que el plazo de 90 días concedido a las grandes empresas extractoras del petróleo ecuatoriano finaliza este mes. De no firmar nuevos contratos, bajo las normas aprobadas por el Gobierno en la Ley de Hidrocarburos, “que les vaya bonito, les pagamos sus inversiones y hasta luego. Podemos hacer (operar) con (las estatales) Petroecuador y Petroamazonas”, aseguró Correa.
Ecuador inició el 23 de agosto pasado la fase de final de la renegociación de contratos con las petroleras extranjeras para pasar del modelo de participación a otro de prestación de servicios. “Yo no estoy jugando. Se les dio un plazo que vence en 10 días, sino aquí está su plata por las inversiones, que les vaya bonito. Pero si quieren trabajar en el país, trabajarán con las reglas del país, no es que el país trabajará con sus reglas”, advirtió el presidente ecuatoriano.
El gobierno de Correa busca ampliar los beneficios del petróleo para el Estado. En este momento, los ingresos por este concepto se elevan al 65% de lo que el negocio da. Con la nueva ley, el país se aseguraría el 85% de los beneficios del petróleo para sus arcas. Por el momento, las empresas que operan en el país continúan sin firmar nuevos contratos. Las dos petroleras chinas, subsidiarias de CNPC, han amenazado con acudir al arbitraje internacional.
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