La enorme tensión social generada por la posible construcción de cinco presas en la Patagonia –el llamado proyecto HidroAysén– parece que comienza a hacer recapacitar al gobierno del chileno Sebastián Piñera, que ha moderado mucho su discurso energético y que incluso parece dispuesto a hacer concesiones para rebajar el rechazo social. Por un lado, Piñera ha anunciado la creación de un comité de expertos que ayude a definir una política energética consensuada, y, por otro, el impulso a una «carretera eléctrica pública» que permita al gobierno tener más control sobre el mercado de la energía. El objetivo: calmar los ánimos de la población. La enorme tensión social generada por la posible construcción de cinco presas en la Patagonia –el llamado proyecto HidroAysén– parece que comienza a hacer recapacitar al gobierno del chileno Sebastián Piñera, que ha moderado mucho su discurso energético y que incluso parece dispuesto a hacer concesiones para rebajar el rechazo social. Por un lado, Piñera ha anunciado la creación de un comité de expertos que ayude a definir una política energética consensuada, y, por otro, el impulso a una «carretera eléctrica pública» que permita al gobierno tener más control sobre el mercado de la energía. El objetivo: calmar los ánimos de la población.
Precisamente ésa es una de las reivindicaciones que hacen los ciudadanos chilenos, para los que el proyecto HidroAysén, aparte de tener un impacto ambiental muy acusado sobre la fauna y flora de la Patagonia, da demasiado poder a las empresas privadas en la gestión energética. Esas empresas son, en este caso, la chilena Colbrún y la española Endesa. Ahí entraría en juego la nueva “carretera eléctrica pública”, a la que conectarían las generadoras privadas de energía. «Es la forma de decirle a la gente que ejercemos control sobre el proyecto, que los privados no harán lo que quieren», declaró un ministro de Estado, que se mantuvo anónimo, al diario chileno La Tercera.
Al mismo tiempo, Piñera, durante su discurso anual ante el Congreso, plagado de interrupciones de la oposición y de activistas contrarios a HidroAysén, rebajó su retórica e incluso llegó a apuntar que no estaba ni a favor ni en contra, un triunfo para los que rechazan el proyecto. “Mientras no se resuelva el tema de la línea, de cómo esa energía va a llegar a la zona central, cómo va a cruzar siete regiones chilenas creo que no podemos contestar esa pregunta”, declaró, al referirse a la cuestión de si apoya o no la construcción de las presas. Días antes había afirmado, incluso, que «el gobierno ha escuchado este debate y lo considera útil y necesario».
El biministro de Energía y Minería, Laurence Golborne, ha explicado en La Moneda otro de los proyectos para hacer HidroAysén más atractivo para los chilenos, que es la creación de un comité de expertos para que evalúe y proponga alternativas en la política energética del país. “Para soñar a veinte o treinta años el modelo que queremos, hemos convocado a un comité formado por quince personalidades de distintos ámbitos y visiones políticas”, ha afirmado Golborne, quien también ha explicado que el grupo tendrá como objetivo “trazar ideas concretas que puedan traducirse en modificaciones legales que nos permitan consensuar una política energética de largo plazo»
Un cambio en la política que demuestra que, tras perder el apoyo de ciudadanos, organizaciones de defensa ambiental y de la Patagonia e incluso de la jerarquía eclesiástica, el gobierno de Piñera se ha visto obligado a recular ante la posibilidad de que HidroAysén desgaste su popularidad y le pase factura.
