La policía federal brasileña indaga en un posible fraude millonario de la empresa Petrobras en unas obras de reparación en la Refinería de Getulio Vargas (Repar), en el estado de Paraná. La cifra ascendería a 1.400 millones de dólares (1.046 millones de euros). La policía federal brasileña indaga en un posible fraude millonario de la empresa Petrobras en unas obras de reparación en la Refinería de Getulio Vargas (Repar), en el estado de Paraná. La cifra ascendería a 1.400 millones de dólares (1.046 millones de euros).
Se investigan al menos cinco contratos con algunas de las principales empresas constructoras del país: Odebretch, OAS, Camargo Correa y Mendes Junior, entre otras. Los contratos ascienden a 7.500 millones de dólares y el Tribunal Federal de Cuentas inquiere una sobrefacturación de 1.400 millones de dólares.
Las reformas en la refinería Repar comenzaron en el año 2006 y las indagaciones comenzaron en 2008, por la sospecha de la existencia de irregularidades. Un año más tarde, el TCU aconsejó bloquear el pago de estas obras, así como paralizar las obras.
En enero de 2010, el Congreso aprobó la recomendación del TCU pero el entonces presidente del país, Luiz Inácio Lula da Silva, utilizó su derecho a veto. Lula justificó su acción alegando que no podía permitir que los empleados se quedaran sin su puesto de trabajo por una sospecha.
En un comunicado oficial, Petrobras ha señalado que no existe ninguna sobrefacturación, ni ningún tipo de irregularidad en sus contratos. Asegura que el informe del TCU es preliminar, y que por tanto, no existe una decisión final.
El contrato realizado por el consorcio CCP2-Repar, en el que forman parte Camargo Correa y Promon-Ingenieria, se fijó en 2.400 millones de dólares. El TCU establece que existe en él existe una sobrefacturación de 633 millones de dólares.
El acuerdo firmado con el consorcio Conpar, formado por las constructoras Odebretch, OAS y UTC Engenharia, asciende a 1.800 millones de dólares, contando con un sobreprecio de 233 millones de dólares. Conpar ha anunciado que ha puesto a disposición de las autoridades competentes toda la información que le ha sido requerida.
Por su parte, el contrato con la empresa constructora Mendes Junior se firmó en 2.200 millones de dólares, con un posible recargo de 408 millones de dólares.
En mayo de este año el TCU retiró su petición de detener los trabajos en la sentencia 1.256/2011, pero mantuvo su acusación de la existencia de irregularidades en los contratos. El caso aún continúa abierto.
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