El Gobierno mexicano solicita a EE.UU. y Canadá enfocar la negociación en 4 ejes: fortalecer la competitividad de la región; avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable; aprovechar las oportunidades de la economía del s.XXI; y promover la certidumbre del comercio y las inversiones. El Gobierno federal de Enrique Peña Nieto ha publicado un documento que bajo el explícito título de «Prioridades de México en las Negociaciones para la Modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte» define cuáles son sus objetivos en el proceso de conversaciones que se abre ahora con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo canadiense Justin Trudeau con vistas a una redefinición del TLCAN (o NAFTA por sus siglas en inglés).
Y, en contra de lo que quizá se podría esperar dada la actitud hasta la fecha un tanto complaciente de Peña Nieto respecto a Trump, México ha optado por ir mucho más allá de una estrategia conservadora. De esta forma, no sólo se limita a solicitar mantener la apertura comercial o el acceso preferencial de bienes y servicios entre los países firmantes; sino que sugiere a sus contrapartes que realicen toda una serie de reformas.
Así, el Gobierno mexicano solicita a EE.UU. y Canadá enfocar la negociación en cuatro ejes: fortalecer la competitividad de América del Norte; avanzar hacia un comercio regional inclusivo y responsable; aprovechar las oportunidades de la economía del siglo XXI; y promover la certidumbre del comercio y las inversiones en América del Norte.
Bajo el primer eje, además de objetivos como los ya señalados, con una especial mención al acceso preferente «en particular para los productos agropecuarios»; el Gobierno de Peña Nieto apunta que busca ampliar las categorías para la entrada temporal de trabajadores e inversores entre los tres países; fijar mecanismos «innovadores» de movilidad laboral; o establecer formas de cooperación regional que promuevan el intercambio educativo y en materia de formación laboral.
En lo referente al segundo, se apunta a objetivos como la revisión en los tres países de los sistemas laborales y de lucha contra la corrupción «que afecten el comercio y las inversiones»; fortalecer el cumplimiento de las «disposiciones nacionales y los compromisos internacionales en materia laboral»; que todas las empresas de cualquier sector, «incluidas las Pymes», puedan beneficiarse del Tratado; o propone incorporar la «perspectiva de género» en algunas disposiciones.
Mientras que cuando habla de «oportunidades de la economía del siglo XXI», México cita sectores como el de la Energía, para el que solicita aprovechar su potencial; o el de Telecomunicaciones, que cree que debe integrarse más en la región. Asimismo, pide un «mayor acceso» para los prestadores de servicios financieros e inversores méxicanos; así como desarrollar la economía digital.
Finalmente, en el cuarto eje, destaca que pese a señalar que está abierto a modernizarlo, el documento recoge la intención mexicana de defender el sistema imparcial de solución de controversias que existe actualmente en el Tratado pese a que el Gobierno estadounidense pretende eliminarlo, y a que tampoco sea contemplado con excesiva simpatía por el canadiense.
México también pretende mejorar la cooperación y el intercambio de información entre los tres países, consolidar el régimen legal de las empresas productivas del Estado y obtener certidumbre jurídica para los proveedores mexicanos en las contrataciones públicas.
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