El sindicato de pilotos denuncia a Gastón Azcárraga por la crisis de Mexicana de Aviación. Problemas judiciales inesperados para el magnate mexicano Gastón Azcárraga. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) ha presentado ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal contra el Grupo Posadas, del que Azcárraga es dueño, al que acusa de ser responsable directo de la crisis financiera y comercial que atraviesa la aerolínea Mexicana de Aviación. Desde el sindicato, acusan al empresario de haber ocultado información vital que habría podido evitar la caída en desgracia de la compañía aérea, que suspendió toda actividad en agosto de 2010.
Los pilotos mantienen que desde la administración de la aerolínea hubo vulneraciones de la Ley del Mercado de Valores. «Desde nuestro punto de vista, Grupo Posadas y Gastón Azcárraga incumplieron y violentaron esa ley al omitir información relevante que debió estar en manos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del público inversionista», ha señalado el secretario general de ASPA, Fernando Perfecto Cruz, tal y como recoge CNN Expansión.
El Grupo Posadas, por su parte, a través de un comunicado ha rechazado las acusaciones y ha señalado que tiene “plena confianza en que la autoridad competente determinará la improcedencia de la acusación». Gastón Azcárraga, miembro de la poderosa familia propietaria de, entre otros activos, Televisa y su imperio mediático, encabeza el Grupo denunciado por los pilotos.
Así, la quiebra de Mexicana de Aviación a mediados de 2010 sigue trayendo cola. Hace pocas semanas, tras la petición de los trabajadores de la compañía, que se encuentra en concurso de acreedores, de que el Estado la reflotara, el gobierno de Felipe Calderón informó de que no rescatará la aerolínea para que vuelva a operar mientras «haya grupos de inversionistas interesados», tal y como declaró el secretario de Trabajo, Javier Lozano.
En el año 2010, la aerolínea Mexicana de Aviación entró virtualmente en quiebra financiera, y tras una larga agonía en la que el Estado mexicano se negó a rescatar a la empresa, debido a los altos costes en que hubiera tenido que incurrir para hacerlo, declaró la suspensión de toda actividad el 27 de agosto de 2010. Por ahora, no ha aparecido ningún inversor dispuesta a rescatarla.