Los países que conforman el Tratado de Cooperación Amazónica, han firmado un acuerdo para proteger la región de las prospecciones mineras que operan sin licencia y que habitualmente no cumplen con los estándares medioambientales que se requieren para este tipo de industrias. Un importante gesto en una época en la que se han propagado por todo el subcontinente las protestas contra estas excavaciones. Los países que conforman el Tratado de Cooperación Amazónica, han firmado un acuerdo para proteger la región de las prospecciones mineras que operan sin licencia y que habitualmente no cumplen con los estándares medioambientales que se requieren para este tipo de industrias. Un importante gesto en una época en la que se han propagado por todo el subcontinente las protestas contra estas excavaciones.
El acuerdo firmado por Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Suriam y Venezuela, pretende establecer una agenda estratégica para luchar contra la minería ilegal que presentarán en junio en Brasil en la conferencia Río +20.
En las últimas semanas en Perú se han vivido duras escenas de protestas por parte de los mineros considerados ilegales. De hecho los enfrentamientos con la policía provocaron tres muertes de manifestantes. Unos 10.000 mineros de esta región, situada a 1.100 kilómetros al sudeste de Lima intentaron tomar el aeropuerto de Madre de Dios y buscaron abiertamente el choque con la policía.
Todo ello surge porque el presidente peruano, Ollanta Humala, intentó ganarse el favor de los ecologistas para sacar adelante algunos proyectos mineros de gran calado en el país, lo que ha chocado con otra dura realidad: la protesta de los más de 20.000 ‘mineros ilegales’ que operan en la región de Madre de Dios y que ven amenazado su medio de vida.
Humala quiso hacer un gesto y prohibir esta actividad, anteriormente semitolerada, que considera perjudicial para el medio ambiente. Su postura ha sido firme, hasta el punto de negarse a abrir una mesa de diálogo con este sector de la economía sumergida.
Los representantes de la Federación Minera Regional, que se definen como respetuosos con el medio ambiente, intentan forzar a Humala a negociar. De momento, el presidente cree que el plazo de 12 meses concedido a estos profesionales para que regularicen su situación es más que suficiente. Si no lo hacen y continúan con su trabajo en las mismas condiciones, se enfrentarán a penas de hasta diez años de cárcel, según las nuevas sanciones recogidas en el Código Penal de Perú para el delito de minería ilegal.
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