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La petrolera india Jindal confirma su desembarco en Bolivia

La compañía subsidiaria del grupo indio Jindal, Gas To Liquid International S.A.(GTLI), y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) han suscrito un contrato para invertir 72 millones de dólares (50 millones de euros) en exploración de gas y petróleo en varios territorios clave de Bolivia. El proyecto se iniciará en los próximos meses en las regiones de La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz, consideradas por el Gobierno como potenciales para el descubrimiento de nuevos recursos gasíferos. Un hecho que contrasta con la imagen de hace cinco años, cuando Morales mandó nacionalizar el conjunto de los recursos hidrocarburíferos del país e instruyó a las Fuerzas Armadas (FFAA) tomar los diferentes campos petroleros. La compañía subsidiaria del grupo indio Jindal, Gas To Liquid International S.A.(GTLI), y la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) han suscrito un contrato para invertir 72 millones de dólares (50 millones de euros) en exploración de gas y petróleo en varios territorios clave de Bolivia. El proyecto se iniciará en los próximos meses en las regiones de La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz, consideradas por el Gobierno como potenciales para el descubrimiento de nuevos recursos gasíferos. Un hecho que contrasta con la imagen de hace cinco años, cuando Morales mandó nacionalizar el conjunto de los recursos hidrocarburíferos del país e instruyó a las Fuerzas Armadas (FFAA) tomar los diferentes campos petroleros.

El presidente de YPFB, Carlos Villegas, explicó que la GTLI realizará en primera instancia tareas de prospección de hidrocarburos en las áreas Almendro, con una superficie de 98.375 hectáreas, Cupecito (95.625 has.), ambas ubicadas en el departamento de Santa Cruz, Río Beni (1.000.000 has.) entre los departamentos de La Paz, Beni y Pando, e Itacaray (58.750 has.), en el departamento de Chuquisaca.

El máximo ejecutivo de YPFB subrayó que estos nuevos contratos de servicio que se ejecutarán en el país son producto de un trabajo conjunto entre los ejecutivos y técnicos de GTLI y YPFB. Villegas agregó que los 72 millones de dólares (50 millones de euros) serán invertidos como capital de riesgo por la privada GTLI, es decir que en caso de no descubrir reservas gasíferas la compañía no recuperará lo invertido.

Según datos del último informe, las reservas probadas de gas natural de Bolivia llegan a 9,94 billones de pies, por lo que el Gobierno se comprometió a llevar a cabo una mayor inversión para descubrir más reservas.

El gerente general de GTLI, Luis Carlos Kinn, dijo por su parte que estudios preliminares arrojan un buen potencial de negocios petroleros futuros en Bolivia.

Existe la confianza de que en los próximos tres años se descubrirán gas y petróleo en estos bloques, «es por ello que nos arriesgamos a que mediante estos contratos de servicios vamos a invertir durante la exploración al 100% a riesgo nuestro», sostuvo Kinn.

Con la firma de los nuevos contratos de servicios, YPFB Corporación y GTLI conformaron una Sociedad Anónima Mixta (SAM) en la que el Estado boliviano tiene una participación del 60% y los socios privados de la compañía petrolera el restante 40%.

Jindal también invierte en Bolivia bajo un contrato de riesgo compartido con la estatal Empresa Siderúrgica Mutún que le da derecho a explotar durante 40 años la mitad de la reserva, una de las más grandes del mundo con un potencial total calculado en 40.000 millones de toneladas de hierro, más otros minerales. Tiene el compromiso de completar en ocho años, a partir del 2011, una inversión de 2.100 millones de dólares (1.465 millones de euros) en minería, siderurgia y obras energéticas y viales complementarias.

Bolivia lleva desde el mes de marzo llamando a las petroleras extranjeras para que inviertan en el país. Un hecho que contrasta con la imagen de gace 5 años, cuando el presidente boliviano Evo Morales mandó nacionalizar el conjunto de los recursos hidrocarburíferos del país e instruyó a las Fuerzas Armadas (FFAA) tomar los diferentes campos petroleros. En total fueron 56 yacimientos expropiados, que gestionaban Repsol y Petrobras. Ahora, el Gobierno, condicionado por la falta de ingresos, cambia de parecer y pide a las compañías del sector de los hidrocarburos que vuelvan a invertir en Bolivia.

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