El Gobierno de Evo Morales, a través de su ministro de Minería, José Pimentel, ha asegurado que respetará los intereses de la minera japonesa Sumitomo en Bolivia, que opera en el país mediante su filial San Cristóbal, a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca, la acusara de “saquear” minerales. Además, el Ejecutivo ha dejado claro que la compañía deberá ajustar su contrato a la nueva Constitución que establece la participación del Estado. El Gobierno de Evo Morales, a través de su ministro de Minería, José Pimentel, ha asegurado que respetará los intereses de la minera japonesa Sumitomo en Bolivia, que opera en el país mediante su filial San Cristóbal, a pesar de que el ministro de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca, la acusara de “saquear” minerales. Además, el Ejecutivo ha dejado claro que la compañía deberá ajustar su contrato a la nueva Constitución que establece la participación del Estado.
José Pimentel ha asegurado que el contrato con San Cristóbal “está regido por leyes neoliberales” que el Gobierno de Evo Morales respetará a pesar de la “frustración en poblaciones mineras” y ha manifestado que la negociación para superar el conflicto de las comunidades indígenas se basará en el “respeto de la ley”.
El ministro de Minería considera que las movilizaciones que llevan a cabo cerca de un millar de indígenas y pobladores del sudoeste “tiene móviles políticos” y busca “empañar el momento histórico que vive Bolivia”, que esta semana alberga la sede de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, que ha convocado el propio presidente Evo Morales.
Un grupo de indígenas del sudoeste del país mantienen cortada desde hace siete días una ruta férrea por donde San Cristóbal y otras empresas exportan minerales. Los manifestantes reclaman varias demandas, entre ellas el pago por el uso de aguas por parte de la compañía, la minera más grande que opera en el país.
Este fin de semana, el ministro boliviano de Asuntos Exteriores, David Choquehuanca, hizo unas declaraciones a un diario local en el que aseguraba que San Cristóbal “saquea” minerales y no paga por los 600 litros de agua por segundo que consume en esa mina, situada a 510 kilómetros de La Paz.
Los portavoces de la filial de Sumitomo, a través de un comunicado, han negado las acusaciones de Choquehuanca. La minera aseguró que sus operaciones en Bolivia están enmarcadas en el Código de Minería vigente en el país desde 1997, y aseguró que cumple «estrictamente» con todas las normas bolivianas, en particular con las leyes de medio ambiente y de aguas.
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